Importante información en situaciones de emergencia.

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Cambios al Reglamento!!!

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Discapacidad e inclusión laboral
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Información importante sobre oportunidades labores relacionadas con nuestra directiva n°17-

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Cambios al Reglamento de Compras Públicas: Más acceso para las Mipes

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La Dirección ChileCompra pone a disposición de los funcionarios públicos la Plataforma Formación, especialmente diseñada para facilitar el acceso a las capacitaciones y acreditación de los compradores públicos. En ésta puede encontrar noticias y material especialmente desarrollado para apoyarlo en realizar mejores adquisiciones.

En el calendario de cursos podrá encontrar información más detallada de cada curso y el material de apoyo correspondiente. Podrá inscribirse en un curso simplemente ingresando el mismo nombre de usuario y contraseña que utiliza en www.mercadopublico.cl. Además, podrá descargar directamente los certificados de inscripción en un curso y de asistencia al mismo.

Respecto del material de apoyo, éste ha sido ordenado de manera más didáctica, y lo podrá encontrar por materias o cursos que sean dictados por la Dirección ChileCompra.

Por último, se ha generado una sección de “Buenas Prácticas”, en la cual se irán incorporando aquellas materias que le permitan desarrollar mejor sus procesos de compra. Para comenzar con esta sección, se ha publicado una Guía de Recomendaciones para Adjudicación, la cual lo guiará paso a paso para realizar un correcto proceso de evaluación de ofertas y adjudicación.

Ingrese a la Plataforma Formación de ChileCompra: http://formacion.chilecompra.cl/.

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Presentación Sobre Compras Inclusivas - FEMER 2015

Interesante: ¿qué significa el financiamiento del terrorismo?
El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas.
Las técnicas utilizadas para el lavado de activos (LA) son básicamente las mismas que se usan para encubrir las fuentes y los fines del financiamiento del terrorismo. No obstante, sin importar si el origen de los recursos es legítimo o no, para los grupos terroristas es importante ocultar la fuente y su uso, a fin de que la actividad de financiamiento pase inadvertida.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –organismo internacional, al que pertenecen las 34 economías más desarrolladas del mundo y que fija pautas para prevenir el LA/FT- recomienda que cada país tipifique como delito el financiamiento del terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas y que los clasifique como delitos que dan origen al lavado de activos. Asimismo, sugiere que las Nueve Recomendaciones Especiales diseñadas por el organismo para combatir el financiamiento del terrorismo sumadas a las 40 Recomendaciones sobre lavado de activos sean el marco para prevenir, detectar y eliminar ambos delitos.


Información Modificaciones al Reglamento de Compras Públicas 2015

En esta  sección encontrará el detalle y los alcances de las modificaciones al Reglamento de Compras Públicas que entrará en vigencia a partir del 10 de agosto de 2015.

Estos cambios buscan entregar:

1) Impulso a las empresas de menor tamaño
2)Consideración de criterios inclusivos en la evaluación de las ofertas
3) Fortalecimiento de los principios de probidad y transparencia en las compras públicas

Los principales cambios son:

En materia de acceso para la micro y pequeña empresa:

Se establece, un umbral más elevado que el actualmente existente, para la exigencia de las garantías de seriedad de la oferta para propuestas sobre 2000 UTM, liberándose a las empresas de menor tamaño.
Se eliminan las restricciones a los tipos de garantías, tanto de seriedad como de fiel cumplimiento, debiendo los organismos compradores aceptar cualquier instrumento que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva.
Se recoge como principio general en materia de pago a proveedores, la regla consistente en que dichos pagos deberán efectuarse por las entidades compradoras dentro de los 30 días corridos siguientes a la aceptación de la factura o del respectivo instrumento tributario de pago.
Contempla como parte del contenido adicional de las Bases, la incorporación de criterios de evaluación relacionados con el impulso a las empresas de menor tamaño y con la descentralización y el desarrollo local.
Podrán conformar una Unión Temporal de Proveedores de dos o más empresas para participar en un proceso de compra sin la formalización de una nueva empresa.
 

En materia de promoción de criterios inclusivos:

Descripción de “materias de alto impacto social” (desarrollo inclusivo, impulso de la Pyme, descentralización y desarrollo local, protección del medio ambiente, contratación de personas en situación de discapacidad o vulnerabilidad social).
Incorporar como parte del contenido mínimo de las bases, tratándose en prestación de servicios habituales la consideración del criterio “mejores condiciones de empleo y remuneraciones”.
En materia de Transparencia y Probidad:

Se aplica abstención a autoridades, funcionarios y contratados a honorarios, como también en la participación de procedimientos de contratación en cualquier circunstancia que les reste imparcialidad.
Sobre causales de Trato Directo a consultorías, que no pueden ser sometidas a licitación, deben siempre referirse a aspectos claves y estratégicos, fundamentales para el desarrollo de la función pública y que no puedan ser realizados por personal de la propia entidad.
Se establece a la institución como responsable de estimar el mondo de la contratación. Así, cuando el monto supere en más de un 30%, la entidad debe explicar en el acto adjudicatorio las razones técnicas y económicas que justifiquen esta diferencia.
Se limitan las renovaciones de los contratos, las que podrán llevarse a cabo por una sola vez y por causas fundadas buscándose poner término a una práctica extendida en los organismos públicos compradores, como es el establecimiento de cláusulas de vigencia indefinida o de renovaciones sucesivas, las que han redundado en una vulneración a los principios de probidad y de libre concurrencia de los oferentes.
Se obliga a las entidades compradoras que ante licitaciones complejas y en las superiores a 5.000 UTM, efectúen con anterioridad a la elaboración de las bases, un análisis sobre las características de los bienes o servicios requeridos, de sus precios, de los tiempos de preparación de las ofertas, de los costos asociados o de cualquier otra característica que requieran para la confección de las bases. Además, para licitaciones iguales o superiores a dicho monto, se aumentan los plazos para ofertar a 30 días.
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