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Los residuos constituyen uno de los problemas ambientales más graves de las 
sociedades modernas, en particular de las más avanzadas e industrializadas. Se trata de 
un problema en aumento, que no deja de agravarse debido al creciente volumen 
generado y a la estrecha relación  –perversa- de paralelismo entre los niveles de renta y 
de calidad de vida y el volumen de residuos que generamos. Esta negativa circunstancia 
se agrava por la aún insuficiente concienciación ciudadana en esta materia, que dificulta 
con frecuencia la adopción de la mejor solución posible para determinados residuos.  
Como es sabido, de la mala gestión de los residuos se pueden derivar efectos colaterales 
dañinos para la mayoría de los medios receptores: de los residuos orgánicos 
biodegradables se puede generar amoníaco y metano; si se trata de sustancias tóxicas, 
persistentes o bioacumulativas,  pueden contaminar los suelos, las aguas e, incluso, el 
aire; el vertido incontrolado de muchos otros residuos especiales conlleva daños tales 
como la contaminación de las aguas y el suelo, riesgos a la salud pública, etc. Si, 
además, se trata de un residuo peligroso estos riesgos pueden llegar a constituir una seria 
amenaza no sólo al entorno sino también a la salud pública. 
Si a esto añadimos el fenómeno, generalizado en  todos los países avanzados, del 
incremento paulatino y hasta ahora imparable del aumento en la generación de residuos, 
se llega a la conclusión de la necesidad de regularlos con rigor ecológico y planificar la 
puesta en práctica de esa regulación de manera racional y realista.

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