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Manuel Eduardo Fuentes Muñiz
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Es una queja en contra de jueces de distrito por violar derechos de los trabajadores del magisterio al pretender resolver fast track amparos contra la reforma educativa.
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El derecho laboral desaparece con estas reformas legislativas.
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Justicia a la carta
Manuel Fuentes Muñiz
Es vergonzosa la sentencia que emitió el juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal el pasado 19 de julio que exonera del delito de enriquecimiento ilícito y peculado a Raúl Salinas de Gortari. Es reprobable esa justicia que actúa a conveniencia de los intereses políticos en turno y que con argumentos leguleyos justifica tanta burla.
Se alega en la sentencia de 150 páginas, que se encuentra en versión pública de la causa penal 36/1997-I y acumulada 54/2002 del sitio del Consejo de la Judicatura Federal, que la Procuraduría General de la Republica (PGR) no demostró que los 224 millones de pesos que poseía Raúl Salinas provinieran de “…prácticas corruptas, irregulares o deshonestas en el desempeño del servicio público por parte del acusado”.(foja 90)
 El juez justifica su actuar con frases grandilocuentes, que ojala se aplicaran a todas las personas, en todos los casos, no importando su clase social ni sus relaciones políticas:
-“nuestro sistema penal de corte democrático, se encuentra caracterizado entre otras cosas, por el conjunto de principios establecidos a favor de la persona sujeta a proceso penal, que le permiten una defensa adecuada, pues solo mediante el cumplimiento de ciertas formalidades que dan contenido al concepto de “proceso debido”, puede ser declarada penalmente responsable en la comisión del delito imputado..” (foja 143)
Dice el juez que la Constitución “impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador y se traduce que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa..”(foja 143)
Según el juez no existen elementos de convicción en los 270 tomos que forman el expediente para sentenciar a Raúl Salinas.  El juzgador explica que al momento de dictarse auto de formal prisión contra el acusado eran distintas las reglas procesales  que ahora exige “un estándar probatorio mucho más estricto que implica la plena comprobación de la forma de participación del acusado…pues se trata de una resolución definitiva que ya no permite análisis presuntivo”.(foja 142)
De la sentencia se argumenta que la PGR no aportó los elementos necesarios para condenar a Raúl Salinas, a pesar de que el juez acepta que este personaje manejaba las cuentas “que fueron destinatarias de una parte de numerario depositado…”  “pero no se advierte que el acusado haya intervenido como participe, en la perpetración….del delito de peculado”.(fojas 137)
En otras palabras en las cuentas bancarias del acusado apareció dinero mágicamente en una cuenta que tuvieron como origen recursos públicos pero que a criterio del juez no se advierte que el acusado haya sido el ejecutor del delito de peculado.
En otras palabras, según el juzgador, te puedes beneficiar de lo indebido pero eso no te hace responsable de ningún delito.
Dice el juez que no es suficiente, en un lenguaje poco común que la:
“...maniobra de depositar, luego retirar y depositar nuevamente pero en diversa cuenta de terceros es (sea) por sí sola suficiente para afirmar que hubo distracción de dinero”.(foja 131)
Vaya manera de exculparlo, vaya vergüenza de justicia. El que recibe al final el dinero, que alteró su identidad con documentos falsos para aparecer con dos nombres de personas inexistentes y recibir depósitos bancarios en más de 60 ocasiones, bajo la óptica de la justicia, no es culpable penalmente.
El juez llega a suponer, pero que no es delito, que el incremento de recursos del acusado pudo deberse  a “…una acertada inversión en sus haberes o, de diversas razones que pudieran justificar o no contable y financieramente ese incremento..”(foja 86).
Haber adquirido Raúl Salinas 41 propiedades en nueve estados del país y con una fortuna de 224 millones de pesos valuada hace 16 años  no demuestra, según el juzgador, un enriquecimiento ilícito, cuando sus ingresos como funcionario no le permitía alcanzar esa enorme fortuna.
Pero en el extenso expediente hay constancias y conclusiones que destacan que por lo menos 17 bienes fueron adquiridos por Raúl Salinas entre 1985 y 1992 cuando era funcionario público, pero para el juez no hay elementos en su contra.
Pero vivimos en un país en que la justicia, para quién tiene más recursos y poder, se pide a la carta, en la forma que guste, con las interpretaciones que quiera.  Que mal por nuestras leyes que se han hecho a modo para burlarse de la justicia y beneficiarse del erario a placer.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter:@Manuel_FuentesM
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Una gran experiencia compartir con los jóvenes del sur de Veracruz la convocatoria a discutir las reformas estructurales con petroleros y maestros.
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Cuando se llevan acciones legislativas y de gobierno para derogar derechos humanos de cualquier manera es la prueba que vivimos en el autoritarismo.
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Tres dagas contra los maestros
Manuel Fuentes Muñiz
Las tres iniciativas de ley, como dagas, presentadas por el presidente Peña Nieto relacionadas con la reforma magisterial representan una de las atrocidades jurídicas más graves de la historia en contra de los trabajadores y, en particular, en contra de los maestros. Es una trilogía legal creada exprofeso para anular la legislación laboral y todo tipo de resistencia colectiva frente al nuevo modelo educativo.
No es la evaluación periódica lo cuestionable en estas reformas que caminan a toda prisa, sino el desconocer los derechos magisteriales en materia de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo. Es, en suma, el desconocimiento de sus derechos laborales, que significa la desaparición de la bilateralidad en sus relaciones de trabajo, de la estabilidad en el empleo, del derecho a un juicio previo antes de su separación, de la anulación de sus condiciones generales de trabajo, del derecho a organizarse y de representación colectiva.
Es anular los derechos sociales para imponer un nuevo panorama para que el Estado enfrente a los gobernados de manera aislada y no a través de sus organizaciones sociales.
El maestro en el nuevo modelo se concibe como un objeto enseñante, como una butaca más, como un pizarrón o un gis cualquiera, que a lo más sólo podrá impugnar las nuevas reglas impuestas en tribunales administrativos. Las ventanillas de los tribunales laborales estarán vedadas para los y las profesoras, puesto que ya no serán considerados como trabajadores a partir de la entrada en vigor de estas legislaciones.
Las iniciativas de la Ley General de Educación (LGE), de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE) son un conjunto de normas enlazadas entre sí para imponer a todos los congresos estatales el mismo modelo de pulverización laboral.
El Transitorio Tercero de esta iniciativa concede seis meses a las entidades federativas “para adecuar su legislación respectiva”. ¿La soberanía estatal? ¡No importa en esos proyectos que deben acatarse contra viento y marea!
Estas iniciativas son el resultado de las reformas constitucionales a los artículos 3º y 73 constitucionales aprobadas en tan solo 78 días. El 10 de diciembre de 2012 se dio a conocer la iniciativa presidencial y el 26 de febrero de 2013 ya se había aprobado en el Congreso Federal y en más de las dos terceras partes de los Congresos estatales bajo el auspicio del Pacto por México.
El mismo día de la publicación de las reformas constitucionales magisteriales se puso en prisión a Elba Esther Gordillo, líder engendrada desde el poder a quién se permitió todo tipo de excesos, excepto rebelarse contra las decisiones presidenciales.  Fue un golpe con varios efectos: otorgó prestigio al gobierno por atacar a líderes sindicales corruptos y, bajo esa coartada, en medio de los aplausos, anuló el derecho de organización sindical de los trabajadores del magisterio.  Como los ladrones, aprovechó un descuido para robar el bolso.
Líderes sindicales venales ligados al gobierno y a las empresas que se han saciado de saquear a los trabajadores, a las finanzas públicas y hacer negocios sin límite pusieron pies en polvorosa ante el riesgo de una acción generalizada.  Pronto regresaron a la normalidad y a hacer lo de siempre; descubrieron que bastaba con aplaudir al titular del régimen en turno para seguir gozando de impunidad.
La aprobación de esta trilogía legal legitima al ejecutivo para que sustituya al legislador y sea el nuevo soberano plenipotenciario. Se dan facultades inauditas al secretario de educación pública federal para que “autorice” a los gobernadores de los estados los temas relativos al ingreso, reconocimiento, promoción y permanencia de los maestros (artículo 8 fracción I de la LGSPD).
Otorga al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como organismo público autónomo, facultades para legislar en materia de evaluación a través de la emisión de lineamientos a los que “se sujetarán” todo tipo de autoridades educativas, federales y locales. (artículos 14 y 47 de la LINEE).
Esas iniciativas, que más bien parecen edictos del rey, me recuerdan la frase  que dijo Luis XIV en el siglo XVII ante el parlamento francés: “el Estado soy yo”.  Nada por encima de la decisión presidencial.
La mayoría de los legisladores, jueces, magistrados y ministros se pliegan a ceder sus facultades de poder autónomo al ejecutivo federal sin condición alguna.
Por eso los legisladores apuran la aprobación de estas legislaciones oprobiosas, y los jueces desechan y niegan los amparos a cientos de miles de profesores. Todo eso, junto con las acciones del ejecutivo, son una trilogía para imponer una reforma educativa con visión individualista y de país maquilador. Pero no resultará cuando se va contra la historia.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter:@Manuel_FuentesM
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Hay en las esferas de poder del DF tener un ombudsman a modo: http://www.lasillarota.com/inicio/item/73793-un-ombudsman-incómodo
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