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Partido Popular Mairena del Alcor
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Susana Díaz acaba de conceder 6,5 millones de euros a UGT, 14 veces más de lo que recibirá Cruz Roja de la Junta de Andalucía. Más dinero en pleno escándalo de favoritismos a costa del dinero de tod@s http://t.co/K82RH0jDFg http://t.co/JTI1TVIRqJ
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2013-11-22
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La gestión sanitaria de la Junta nos cuesta 7 millones a los andaluces en intereses http://htl.li/nFcQ4 Mairena del Alcor
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Que digan lo que tengan que decir, que muestren lo que tengan, para que actúe la Justicia y todo se aclare. A lo mejor su problema es que no hay algo más de sustancia y tienen frustradas sus expectativas.
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Funcionarios: diez motivos de enfado con la Junta

Tras el enchufismo, los recortes ahondan las diferencias entre la Administración andaluza y sus propios trabajadores

1 La Ley del «enchufismo»
La reordenación de la Administración andaluza, primero a través de un decreto que más tarde se convirtió en ley, provocó una oleada de protestas y de recursos judiciales que aún perdura. En la mayoría de los casos, la Justicia ha dado la razón a los funcionarios, quienes se oponen a que el personal contratado por la Junta sin superar oposiciones o concursos pase a formar parte de las consejerías con similares condiciones. Otras ocasiones, los tribunales se han puesto del lado de la Junta. Será el Constitucional, con motivo del recurso que planteó el PP, el que zanje el conflicto.

2. Potestades públicas
La Junta de Andalucía hace oídos sordos a la advertencia de los sindicatos de que solo los empleados públicos poseen potestades administrativas para realizar determinadas labores. Las consejerías ponen en manos de personal externo temas tan sensibles como los expedientes de desahucio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), que depende de la Consejería de Fomento y Vivienda. Por estas labores, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado más de 200 denuncias ante las distintas fiscalías por trabajar personal externo codo con codo con los funcionarios, algo que teóricamente no es posible.

3. La Administración paralela
El Gobierno andaluz ha ido tejiendo un entramado de empresas públicas, fundaciones, observatorios, agencias y demás entes de similares características que constituyen la bautizada y denostada por los funcionarios «administración paralela». Estos empleados públicos consideran que el mantenimiento de esa red y de los más de 20.0000 externos que allí trabajan impide a la Junta reducir su déficit y que aquellos recuperen el poder adquisitivo que han perdido. El PP puso de manifiesto que la Junta aumentó un 332% la deuda de la «administración paralela» en cuatro años y que se abonan diez millones de euros al día a los bancos. Hay unos 300 entes públicos, como por ejemplo la Agencia de Innovación y Desasarrollo de Andalucía (IDEA), de los que 74 se han creado durante los mandatos del presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

4. Recortes a las nóminas
Al margen de perder la paga extraordinaria de diciembre de 2012, por decisión del Gobierno central, los funcionarios de la Junta de Andalucía también van a ver cómo se reducen sus ingresos en las extras de junio y diciembre de 2013, al eliminar la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que preside Carmen Martínez Aguayo, los complementos que permiten a los empleados públicos que una paga extraordinaria tenga la misma dotación que una mensualidad. Los funcionarios de la Junta son los únicos de toda España que van a sufrir este tipo de recortes, que en muchos casos suponen el cincuenta por ciento de la extra.

5. Ayudas sociales
El año 2012 fue aciago para los funcionarios de la Junta. De golpe y porrazo se quedaron sin las ayudas sociales, de estudio de infantil a univeristaria o de alquileres de vivienda. Tenían, además, prestaciones médicas, protésicas y odontológicas, que también perdieron, al igual que la posibilidad de acceder a anticipos salariales, premios de jubilación y ayudas por defunción. El plan de ajuste del Gobierno andaluz provocó la desaparición de toda esta ayuda social.

6. Sanidad y Educación
Los profesionales de la Sanidad y la Educación se consideran especialmente perjudicados por los recortes. En los hospitales y centros de salud andaluces se han extendido las contrataciones a tiempo parcial, ha aumentado la carga de trabajo de los profesionales fijos, y solo en la categoría de enfermeras se han perdido 3.500 puestos. Los sindicatos independientes también denuncian que la Junta ha conseguido que los profesores andaluces sean los peor pagados de España.

7. Concursos de méritos
Los sindicatos independientes de empleados públicos han criticado en reiteradas ocasiones los incumplimientos de la Junta en la convocatoria de concursos de méritos, destinados a que los funcioanrios puedan mejorar sus destinos y remuneraciones. La última convocatoria data de marzo de 2011 y no se resolvió hasta marzo de 2013. La demora se debió a la existencia de un fallo judicial del tribunal de la UE que obligó a una rebaremación. Tras numerosos recursos, la Junta rectificó y el polémico fallo no fue tenido en cuenta. El SAF ha vuelto a reclamar un nuevo concurso, ya que es obligatorio convocar este concurso cada seis meses, algo que nunca se cumple.

8. Opositores sin plaza
Algo menos de 400 aspirantes que superaron las pruebas para acceder a una plaza de funcionario en la convocatoria de 2010 o para promocionar de su puesto a uno mejor, aún siguen a la espera de que resuelva su situación. Gran parte de los pertenecientes al primer grupo, los de acceso libre, son jóvenes y están la mayoría en paro. Cierto que la Junta aún está en plazo para cumplimentar todo el procedimiento, pero los sindicatos entienden que la administración debería hacer un esfuerzo para acortar los plazos dadas las dificultades económicas.

9. Oferta de empleo insuficiente
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, anunció la semana pasada en el Parlamento que en breve covocará una oferta de empleo público con 330 plazas, de la cuales 149 estarán reservadas para la promoción interna. Los sindicatos de funcionarios saludaron la noticia, pero también se apresuraron a calificar la oferta de insuficiente. Según CSIF, que preside José Luis Heredia, la administración andaluza necesita de un «esfuerzo mayor», por cuanto en 2012 se han perdido en la comunidad más de 62.000 puestos de trabajo públicos. Desde el SAF consideran que la Junta se limita a dar una «limosna».

10. Representación sindical
Dos federaciones de sindicatos independientes de funcionarios, Faspi y FSES, mantienen una pugna legal con la Consejería de Hacienda y Administración Pública al negarse esta a que formen parte de la Mesa General de la Función Pública. Ambas federaciones consideran que tienen derecho por los resultados de las últimas elecciones sindicales de 2011, donde UGT y CC. OO. fueron barridos por otras organizaciones. En la mesa sectorial estos dos sindicatos perdieron su representatividad, pero siguen asistiendo. CSIF y SAF afirman que así agradece la Junta el apoyo a la «ley del enchufismo» de los «sindicatos amigos». http://ow.ly/mm6MS
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Caso EREs: La juez mantiene que la Junta pagó 51,5 millones de corretaje innecesario a las mediadoras

Con ese dinero la Junta casi tendría para otro Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía (dotado con 60 millones de euros) para generar más empleo social.
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Rajoy a los emprendedores: "Quedan momentos difíciles, pero hay luz en el final del camino" | Mairena del Alcor http://ow.ly/m5Q09
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