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APLICACIÓN A LAS SOCIEDADES CIVILES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
 
El nuevo artículo 7 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades ha sido reformado de forma que entre los sujetos pasivos del IS se incluyen a las Sociedades Civiles de carácter mercantil.
Hasta ahora todas las Sociedades Civiles, no tenían la consideración de sujetos pasivos del IS ni de contribuyentes del IRPF y las rentas obtenidas por dichas Sociedades eran objeto de atribución a sus socios mediante el régimen de atribución de rentas regulado en la Ley del IRPF.
A partir del 1 de enero de 2016 las Sociedades Civiles que tienen objeto mercantil, es decir las que tienen un epígrafe en el IAE pasan a tener la consideración de sujetos pasivos del IS y a tributar de acuerdo con dicho régimen.
Así lo indica la propia exposición de motivos de la nueva Ley del IS y lo corrobora la letra a) de su artículo 7.1, que establece que serán contribuyentes del IS, cuando tengan su residencia en territorio español, las personas jurídicas, excepto las Sociedades Civiles que no tengan objeto mercantil.
Esta nueva consideración ha dado lugar a la modificación de la Ley del IRPF, cuyo artículo 8 ha sido objeto de modificación para señalar que no tendrán la consideración de contribuyentes las Sociedades Civiles no sujetas al IS. Es decir, no serán contribuyentes ni del IS ni del IRPF las Sociedades Civiles que no tengan objeto mercantil, las cuales seguirán tributando, como hasta ahora, bajo el régimen de atribución de rentas.
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LOS GASTOS DEDUCIBLES DE AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
 
Todo trabajador autónomo y empresa busca optimizar sus cuentas y una de las formas de hacerlo es a través de los impuestos. IVA, IIRPF e Impuesto sobre Sociedades ofrecen multitud de opciones para ahorrar dinero pero no todas ellas son legalmente viables por más que su uso esté extendido. Estamos hablando de gastos relacionados con la vivienda, el coche, representación, gastos por viajes, comidas o atención a clientes.
En esta ocasión queremos detenernos sobre los mitos y realidades sobre los gastos deducibles para que tengas claro qué puedes y qué no puedes hacer para pagar menos impuestos.
La norma general
En términos generales, para poder ser deducible tanto a efectos de IVA como en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades los gastos deben de estar afectos a la actividad económica. Es decir, deben estas relacionados con el negocio de una u otra forma.
Es precisamente en esta ‘forma’ donde se pueden encontrar subterfugios para incluir unos gastos y dejar fuera otros. Los gastos de representación y los relacionados con las dietas son un gran ejemplo.
Además de estar vinculados a la actividad, a efectos de IVA también es necesario que estén debidamente justificados y que estén contabilizados en las cuentas de la empresa con su correspondiente factura y asiendo contable.
Mitos y realidades
Como hemos dicho, hay algunos gastos que se repiten más que otros y en los que es más fácil entrar en conflicto. Estos son algunos de ellos.
Los gastos del coche
Se debe aplicar la norma general, por más que esté extendida la práctica de permitir desgravar el 50% del gasto cuando se hace un uso compartido del vehículo. Es decir, que si utilizamos el coche para la actividad económica y al mismo tiempo para fines personales (no se tendría en cuenta el uso esporádico y marginal) la mayoría de inspectores permitirán imputar un 50% del gasto a efectos de mantenimiento, gasolina y similar.
Eso sí, con la ley en la mano no podríamos desgravar.
Atención a clientes
La atención a clientes se considera un gasto a efectos del Impuesto sobre Sociedades y del IRPF en el caso de los autónomos, pero no en el caso de IVA deducible. Es decir, lo podrás restar del beneficio de la empresa, pero no desgravar el IVA.
Además, desde el 1 de enero de 2015 existe un límite del 1% sobre la facturación para imputar estos dispendios como gasto fiscal.
Restauración y hostelería
Otro de los gastos más polémicos. Con carácter general no se puede deducir las cuotas de IVA por la atención al cliente, aunque el artículo 96 de la Ley del IVA establece que el IVA soportado en gastos de desplazamientos, viajes, hostelería y restauración es deducible si el gasto lo es en el Impuesto sobre Sociedades.
La traducción es que las comidas de trabajo que sirvan para promocionar la actividad y que tengan relación con la generación de ingresos sí podrán deducirse. Así, podrás desgravar una comida con un cliente pero no con los empleados o compañeros de oficina.
Esto también se aplicará a las comidas en periodos vacacionales como la Navidad.
Cesta de Navidad
En línea con el anterior punto, los gastos como cestas de Navidad y otros regalos a los empleados se podrán deducir sólo si forman parte de las costumbres de la empresa.
Desplazamientos y viajes
Siguiendo la línea de hostelería y restauración, los gastos en desplazamientos podrán desgravarse tanto en el IVA como en el IS siempre que estén justificados. Aquí puedes ampliar información al respecto.
Suministros del hogar
Si trabajas desde casa hay ciertos gastos que también podrás imputar en virtud de una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Internet, luz, gas y el resto de suministros del hogar serán deducibles aunque sólo de forma proporcional al uso que hagas de los mismos. Es decir, que sólo podrás imputar como gasto el uso real que hagas o, de forma más clara, el espacio de la casa que dediques a tu actividad.
Si tu despacho supone un 10% de la vivienda, ese será el porcentaje del coste de suministros que podrás deducir, tanto en IVA como en IRPF e IS.
 
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¿Deben coincidir la declaración de INTRASTAT y el modelo 349?
Fiscal
 
 
Antes de contestar a la pregunta de si deben o no coincidir el modelo 349 y la declaración de INTRASTAT, recordaremos que son el modelo 349 y la declaración de INTRASTAT.
 
¿Qué es el modelo 349?
 
El modelo 349 es una declaración formalizada del IVA, de carácter informativo, en la que se recogen las operaciones intracomunitarias en las que un sujeto pasivo del IVA ha intervenido. Debe presentarla todo empresario o profesional que realice entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios, cualquiera que sea su régimen de tributación a efectos del IVA.
 
¿Qué es el INTRASTAT?
 
La desaparición de las formalidades aduaneras entre los Estados miembros de la Unión Europea supuso la supresión de las declaraciones que proporcionaban la información necesaria para la obtención de los datos relativos al comercio de bienes entre estas naciones. Es por este motivo por el que se crea el Intrastat, que permite la obtención de los datos de tráfico de mercancías entre los países de los estados miembros, datos que son necesarios para la elaboración de la estadística de los intercambios de bienes entre los Estados miembros.
 
Para este año 2015, el umbral de operaciones tanto de introducción como de expedición ha aumentado de 250.000 euros (año 2014) a 400.000 euros.
 
Es importante que tengamos claro que según la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública se establecen sanciones por el incumplimiento de la obligación de presentar la declaración INTRASTAT o hacerlo de forma errónea. De manera que:
•Las infracciones leves se sancionarán con multas de 60,10 a 300,51€.
•Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 300,52 a 3.005,06€.
•Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 3.005,07 a 30.050,60€.
 
¿Tienen que coincidir el INTRASTAT y el modelo 349?
 
El INTRASTAT deberá coincidir con el modelo 349 cuando las operaciones realizadas entre los Estados miembros se deban exclusivamente al tráfico de mercancías exclusivamente, ya que, en el caso de que las operaciones realizadas se deban a la prestación de servicios, deberemos declarar estas en el modelo 349, pero no en el INTRASTAT.
 
Entre los modelos de IVA que los empresarios deben presentar, es importante recordar que, en el modelo 390, la casilla resumen de operaciones intracomunitarias debe de estar en consonancia con lo presentado en el INTRASTAT y en el modelo 349.
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LOS GASTOS DEDUCIBLES DE AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
 
Todo trabajador autónomo y empresa busca optimizar sus cuentas y una de las formas de hacerlo es a través de los impuestos. IVA, IIRPF e Impuesto sobre Sociedades ofrecen multitud de opciones para ahorrar dinero pero no todas ellas son legalmente viables por más que su uso esté extendido. Estamos hablando de gastos relacionados con la vivienda, el coche, representación, gastos por viajes, comidas o atención a clientes.
En esta ocasión queremos detenernos sobre los mitos y realidades sobre los gastos deducibles para que tengas claro qué puedes y qué no puedes hacer para pagar menos impuestos.
La norma general
En términos generales, para poder ser deducible tanto a efectos de IVA como en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades los gastos deben de estar afectos a la actividad económica. Es decir, deben estas relacionados con el negocio de una u otra forma.
Es precisamente en esta ‘forma’ donde se pueden encontrar subterfugios para incluir unos gastos y dejar fuera otros. Los gastos de representación y los relacionados con las dietas son un gran ejemplo.
Además de estar vinculados a la actividad, a efectos de IVA también es necesario que estén debidamente justificados y que estén contabilizados en las cuentas de la empresa con su correspondiente factura y asiendo contable.
Mitos y realidades
Como hemos dicho, hay algunos gastos que se repiten más que otros y en los que es más fácil entrar en conflicto. Estos son algunos de ellos.
Los gastos del coche
Se debe aplicar la norma general, por más que esté extendida la práctica de permitir desgravar el 50% del gasto cuando se hace un uso compartido del vehículo. Es decir, que si utilizamos el coche para la actividad económica y al mismo tiempo para fines personales (no se tendría en cuenta el uso esporádico y marginal) la mayoría de inspectores permitirán imputar un 50% del gasto a efectos de mantenimiento, gasolina y similar.
Eso sí, con la ley en la mano no podríamos desgravar.
Atención a clientes
La atención a clientes se considera un gasto a efectos del Impuesto sobre Sociedades y del IRPF en el caso de los autónomos, pero no en el caso de IVA deducible. Es decir, lo podrás restar del beneficio de la empresa, pero no desgravar el IVA.
Además, desde el 1 de enero de 2015 existe un límite del 1% sobre la facturación para imputar estos dispendios como gasto fiscal.
Restauración y hostelería
Otro de los gastos más polémicos. Con carácter general no se puede deducir las cuotas de IVA por la atención al cliente, aunque el artículo 96 de la Ley del IVA establece que el IVA soportado en gastos de desplazamientos, viajes, hostelería y restauración es deducible si el gasto lo es en el Impuesto sobre Sociedades.
La traducción es que las comidas de trabajo que sirvan para promocionar la actividad y que tengan relación con la generación de ingresos sí podrán deducirse. Así, podrás desgravar una comida con un cliente pero no con los empleados o compañeros de oficina.
Esto también se aplicará a las comidas en periodos vacacionales como la Navidad.
Cesta de Navidad
En línea con el anterior punto, los gastos como cestas de Navidad y otros regalos a los empleados se podrán deducir sólo si forman parte de las costumbres de la empresa.
Desplazamientos y viajes
Siguiendo la línea de hostelería y restauración, los gastos en desplazamientos podrán desgravarse tanto en el IVA como en el IS siempre que estén justificados. Aquí puedes ampliar información al respecto.
Suministros del hogar
Si trabajas desde casa hay ciertos gastos que también podrás imputar en virtud de una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Internet, luz, gas y el resto de suministros del hogar serán deducibles aunque sólo de forma proporcional al uso que hagas de los mismos. Es decir, que sólo podrás imputar como gasto el uso real que hagas o, de forma más clara, el espacio de la casa que dediques a tu actividad.
Si tu despacho supone un 10% de la vivienda, ese será el porcentaje del coste de suministros que podrás deducir, tanto en IVA como en IRPF e IS.
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Los contribuyentes que presenten solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago de deudas tributarias de hasta 30.000 euros quedarán exentos de aportar garantías para su concesión, según una orden ministerial que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula el nuevo límite para la exención, situado hasta ahora en 18.000 euros.
Según explica el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, esta orden permitirá que un mayor número de contribuyentes cuente con más facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
De media, la Agencia Tributaria ha recibido en los últimos años más de 25.000 solicitudes anuales de aplazamiento o fraccionamiento de deudas situadas entre los 18.000 y los 30.000 euros. Entre 2011 y 2014, el importe de las solicitudes de aplazamiento que ahora pasan a quedar eximidas de la aportación de garantías para su concesión sumó más de 2.500 millones.
Según Hacienda, la mejora en las facilidades de pago de deudas afectará a todas las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento que se presenten ante la Agencia Tributaria, con excepción de las generadas por la falta de ingreso de las retenciones de IRPF, que siguen siendo inaplazables, salvo la concurrencia de las causas excepcionales tasadas por ley, y de las deudas para las cuales el Código Aduanero Comunitario establece una regulación independiente.
La exención de garantías, explica el Ministerio, supone para el contribuyente una "clara reducción" de cargas indirectas, dado que la solicitud se puede tramitar de forma "más sencilla y rápida", y el solicitante no tiene que asumir los costes derivados de la solicitud de avales, hipotecas u otras garantías.
Con esta ampliación de las exenciones, el Gobierno profundiza en la mejora de las condiciones para la concesión de aplazamientos que ya viene dada por la financiación "históricamente baja" existente para la deuda tributaria. Para 2016, el tipo de interés de demora, el que rige para los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias, bajará del 4,375% vigente en 2015 a un nuevo mínimo del 3,75%.
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LAS 10 CLAVES DE LA REFORMA DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA.
 
(Ley 34/2015, de 21 de septiembre de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. BOE de 22 de septiembre)
 
Con esta modificación de la Ley General Tributaria, y a falta de las que procedan en cada uno de los reglamentos reguladores de los distintos procedimientos, se completa el proceso de reforma fiscal iniciado el año pasado.
Los objetivos esenciales que persiguen las novedades introducidas por esta Ley son los siguientes:
a)      Reforzar la seguridad jurídica tanto de los obligados como de la Administración Tributaria y reducir la litigiosidad en esta materia.
b)      Prevenir el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
c)       Incrementar la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, logrando un mejor aprovechamiento de los recursos a disposición de la Administración.
Su entrada en vigor se producirá en día 12 de octubre de 2015. No obstante,  las modificaciones referidas a la determinación de los casos en que la aportación o llevanza de libros registro se deba efectuar de forma telemática y la infracción por el retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede Electrónica de la AEAT entrarán en vigor el 1 de enero de 2017 y determinadas modificaciones introducidas en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, en materia de infracciones y sanciones entrarán en vigor el 22 de diciembre de 2015.
Estas son sus claves:
1-PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE DEUDORES Y DE CONDENADOS POR DELITO FISCAL.
Se establecen dos excepciones al carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria obtenidos por la Administración tributaria. Una es la posibilidad de dar publicidad a los datos cuando ésta se derive de la normativa de la Unión Europea y la otra es la posibilidad de dar publicidad a situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias.
Así , por motivos de interés general, y para luchar contra el fraude fiscal, se autoriza la publicación de listados de obligados tributarios con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que no hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario, salvo que se encuentren aplazadas o suspendidas.
La información que se incluirá en los listados será la identificación de los deudores y el importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes de pago que se hayan tenido en cuenta.
La determinación de la concurrencia de los requisitos exigidos para la inclusión en el listado tomará como fecha de referencia el 31 de diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación, cualquiera que se la cantidad pendiente de ingreso a la fecha de dicho acuerdo.
La norma concede a los interesados un trámite de alegaciones en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación, con carácter previo a la publicación de la lista, debiendo referirse las alegaciones exclusivamente a la existencia de errores materiales, de hecho o aritméticos en relación con los requisitos o circunstancias que deben concurrir para la inclusión en el listado. La Administración tributaria podrá llevar a cabo, en su caso, la rectificación del listado antes de la publicación definitiva.
La publicación se efectuará por medios electrónicos, dejando de ser accesibles los listados una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación. En la publicación del listado se ha de especificar que la situación reflejada en el mismo es la existente a la fecha de referencia, sin que la publicación del listado resulte afectada por las actuaciones realizadas por el deudor con posterioridad a dicha fecha, en cuanto al pago de las deudas y sanciones incluidas en el mismo.
Por otro lado, el acuerdo de publicación pone fin a la vía administrativa, pudiendo acceder directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa aquellos interesados que consideren que la publicación no es ajustada a Derecho.
En  conexión con esta medida, se ha publicado la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.
Mediante esta modificación se introduce un nuevo artículo 235 ter en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reconoce el carácter público del acceso al fallo de las sentencias condenatorias firmes en materias especialmente relevantes para el control fiscal: delitos contra la Hacienda Pública, delitos de insolvencia punible, cuando el acreedor sea el erario público o los delitos de contrabando.
El acceso público se efectuará mediante la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” del certificado emitido por el Secretario Judicial en el que constarán los siguientes datos: los que permitan la identificación del proceso, del condenado y del responsable civil, el delito por el que lo haya sido, así como la pena y la cuantía de la responsabilidad civil impuesta.
No obstante, puede evitarse la publicación en el caso de que el condenado o, en su caso, el responsable civil, satisfaga o consigne en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado competente la totalidad de la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos los conceptos, con anterioridad a la firmeza de la sentencia.
La publicación de las sentencias no será completa, sino de alcance proporcionado, únicamente en aquellos aspectos que son estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad buscada, con lo que resulta así respetuoso con los derechos fundamentales al honor y a la intimidad, así como a la protección de datos de carácter personal.
2-AMPLIACIÓN DE POTESTADES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN.
La reforma de la Ley General Tributaria amplía las potestades de comprobación e investigación, regulando el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de ejercicios prescritos, siempre que sea preciso en relación con obligaciones de ejercicios no prescritos.
Así, la prescripción del derecho a liquidar no afecta ni transciende al derecho a comprobar e investigar. Se reconoce de modo explícito que las facultades de calificación atribuidas a la Administración en relación con hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios acontecidos, realizados, desarrollados o formalizados en períodos tributarios respecto de los que se hubiera producido la prescripción del derecho a liquidar han de surtir efectos fiscales en ejercicios o períodos en los que dicha prescripción no se ha producido.
Según la Exposición de Motivos de esta nueva Ley, con estas modificaciones se posibilita no sólo garantizar el derecho de la Administración a realizar comprobaciones e investigaciones, sino que también se asegura el del obligado tributario a beneficiarse de los créditos fiscales, así como el correcto ejercicio del derecho a rectificar sus autoliquidaciones cuando en la comprobación de la procedencia de la rectificación la Administración deba verificar aspectos vinculados a ejercicios respecto de los que se produjo la prescripción del derecho a liquidar.
Para ello, se introduce un nuevo artículo en la Ley General Tributaria ( artículo 66 bis), sobre el derecho a comprobar e investigar, que no se ve afectado por la prescripción a los cuatro años del derecho a determinar la deuda, exigir el pago y solicitar u obtener devoluciones. Este derecho de la Administración a iniciar el procedimiento de comprobación de la procedencia o de la cuantía de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensar o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicar, prescribe a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de declaración del ejercicio en que se generaron.
En relación con el comienzo del cómputo del plazo de prescripción, se explicita que en los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción comienza el día devengo del tributo ya que es a partir de ese momento cuando la Administración puede realizar las actuaciones dirigidas a la liquidación del tributo.
Se regula el régimen de interrupción de la prescripción en las obligaciones tributarias conexas(aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra obligación o período distinto) de titularidad del mismo obligado y el cauce procedimental a través del cual la Administración ejercerá su derecho a liquidar interrumpido de este modo, posibilitándose la compensación de oficio de cantidades a ingresar y a devolver resultantes y garantizándose el reintegro de las devoluciones vinculadas a liquidaciones que están siendo objeto de recurso o reclamación por el mismo obligado tributario.
3-LIQUIDACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS RELACIONADAS CON EL DELITO FISCAL.
Se aprueba el procedimiento para liquidar administrativamente deudas tributarias aun cuando se aprecien indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública y se adapta el procedimiento de recaudación de dichas deudas. Esta posibilidad se estableció en la reforma del delito contra la Hacienda pública aprobada en la Ley Orgánica del 27 de diciembre de 2012, con el objetivo de no paralizar la gestión de la liquidación tributaria ni el pago de la deuda por el hecho de la remisión del tanto de culpa por delito a las autoridades judiciales.
Así, la regla general será la práctica de la liquidación y el desarrollo de las actuaciones recaudatorias, sin perjuicio de que se opte por la paralización de las actuaciones sin practicar liquidación, en tanto en cuanto no exista un pronunciamiento en sede jurisdiccional en los siguientes supuestos:
-          Cuando la tramitación de la liquidación administrativa pueda ocasionar la prescripción del delito.
-          Cuando de resultas de la investigación o comprobación, no pudiese determinarse con exactitud el importe de la liquidación o no hubiera sido posible atribuirla a un obligado tributario concreto.
-          Cuando la liquidación administrativa pudiese perjudicar de cualquier forma la investigación o comprobación de la defraudación.
Dado que en la actual configuración del delito contra la Hacienda Pública la regularización permite el pleno retorno a la legalidad, se ha incorporado a la Ley General Tributaria un artículo referido a la regularización voluntaria, confirmando la potestad de la Administración Tributaria de realizar las comprobaciones precisas en orden a determinar la existencia del completo reconocimiento y pago de la deuda que exige la regularización, ya que la falta de certeza determina el pase del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la remisión del expediente al Ministerio Fiscal.
Este nuevo procedimiento resultará de aplicación en los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva Ley cuando a dicha fecha aún no se haya producido el pase del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la remisión del expediente al Ministerio Fiscal.
4-REFORZAMIENTO DEL METODO DE ESTIMACIÓN INDIRECTA.
Se mejora la regulación del método de estimación indirecta de las bases imponibles , especificando legalmente el origen de los datos a utilizar, que pueden proceder de los signos, índices y módulos, si el obligado pudo haber aplicado el método de estimación objetiva, de los datos económicos y del proceso productivo obtenidos del propio obligado tributario, de estudios del sector efectuados por organismos públicos o por organizaciones privadas de acuerdo con técnicas estadísticas adecuadas, estadísticos o de un muestra efectuada por la Inspección.
Se aclara también su plena aplicabilidad,  tanto para la determinación de ingresos( ventas), como de los gastos(compras), dependiendo de qué datos que figuren en la contabilidad o en los registros fiscales se consideren suficientemente acreditados.
En el caso del IVA se establecen que pueden estimarse no sólo las bases y cuotas devengadas sino también las cuotas soportadas y deducibles, que deberán ser tenidas en cuenta siempre y cuando la Administración obtenga datos o indicios que demuestren que el obligado tributario ha soportado efectivamente el impuesto correspondiente.
5-NUEVA INFRACCIÓN TRIBUTARIA: CONFLICTO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA.
Como nueva norma antiabuso, se introduce en la Ley General Tributaria una nueva infracción tributaria grave con el fin de profundizar en la lucha contra los comportamientos más sofisticados de fraude fiscal o estructuras artificiosas, dirigidas únicamente a obtener ahorros fiscales abusando de lo dispuesto por las normas tributarias.
Así, es sancionable la obtención de un ahorro fiscal mediante actos que ya han sido declarados por la Administración como de conflicto en la aplicación de la norma tributaria y en los que haya resultado acreditada alguna de las siguientes situaciones:
-          Falta de ingreso dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo de la totalidad o parte de la deuda tributaria.
-          Obtención indebida de una devolución derivada de la normativa de cada tributo.
-          Solicitud indebida de una devolución, beneficio o incentivo fiscal.
-          Determinación o acreditación improcedente de partidas positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.
El incumplimiento constituye infracción tributaria exclusivamente cuando se acredite la existencia de igualdad sustancial entre el caso objetivo de regularización y otros supuestos en los que se hubiera establecido criterio administrativo y éste hubiese sido hecho público para general conocimiento antes del inicio del plazo para la presentación de la correspondiente liquidación o autoliquidación.
La sanción consistirá en :
-          Multa pencuniaria proporcional del 50 % de la cuantía no ingresada en el supuesto de falta de ingreso dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo de la totalidad o parte de la deuda tributaria.
-          Multa pecuniaria proporcional del 50 % de la cantidad devuelta indebidamente en el supuesto de obtención indebida de una devolución derivada de la normativa de cada tributo.
-          Multa pecuniaria proporcional del 15 % de la cantidad indebidamente solicitada en el supuesto de solicitud indebida de una devolución, beneficio o incentivo fiscal.
-          Multa pecuniaria proporcional del 15 % de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas, si se trata de partidas a compensar o deducir en la base imponible, o del 50 % si se trata de partidas a deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes, en el supuesto de la determinación o acreditación improcedente de partidas positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros solicitada en el supuesto de solicitud indebida de una devolución, beneficio o incentivo fiscal.
Esta infracción es incompatible con la que correspondería por dejar de ingresar , obtener indebidamente devolución, solicitar indebidamente devoluciones y acreditar improcedente partidas en la base o cuota para deducir en declaraciones futuras (arts.191,193,194 y 195 de la LGT). Además , le resultarían aplicables, si se dieran los presupuestos necesarios, las reducciones por conformidad del 30 % y por pago en período voluntario del 25 %( art.188 LGT).
6-INCREMENTO DE LOS PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR.
Con el fin de aumentar la seguridad jurídica de las normas tributarias, de reducir la conflictividad tributaria y de simplificar la normativa vigente se establece una nueva regulación de los plazos para el procedimiento de inspección.
Así, se simplifica el cómputo del plazo, ampliando el actual de doce meses, prorrogable por otros doce, que pasa a ser de dieciocho meses, con carácter general, y de veintisiete cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
-          Que la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o  superior al requerido para auditar sus cuentas.
-          Que el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de comprobación inspectora.
A su vez se limitan las causas de suspensión del cómputo y se eliminan las dilaciones no imputables a la Administración que , en la práctica, extendían el plazo preexistente, provocando graves disfunciones y aumento de litigiosidad.
7-RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.
Se aprueban medidas para agilizar la actuación de los Tribunales Económico-Administrativos y reducir la litigiosidad,  promoviendo la utilización de medios electrónicos en todas las fases del procedimiento y mejorando la regulación de los procedimientos. Así:
- Se atribuye al Tribunal Económico-Administrativo Central(TEAC) la competencia para conocer de las reclamaciones respecto de actuaciones entre particulares cuando el domicilio fiscal del reclamante se halle fuera de España.
-  Se potencia el sistema de unificación de doctrina al atribuirse al Tribunal Económico-Administrativo Central(TEAC) la competencia para dictar resoluciones en unificación de criterio y a las Tribunales Económico-Administrativos Regionales la posibilidad de dictar resoluciones de fijación de criterio respecto de las salas desconcentradas.
- En materia de acumulación, se simplifican las reglas de acumulación obligatoria y se introduce la acumulación facultativa.
- Se establece una presunción de representación voluntaria a favor de quienes la ostentaron en el procedimiento de aplicación de los tributos del que derive el acto impugnado.
- Se introduce la notificación electrónica para las reclamaciones que se interpongan obligatoriamente por esta vía.
- Se suprime la regla especial de cómputo de plazo para recurrir en caso de silencio, de acuerdo con la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y doctrina del TEAC. Si posteriormente a la interposición de la reclamación económico-administrativa se dicta resolución expresa, se notificará concediéndose plazo de alegaciones ante los Tribunales Económico-Administrativos, teniéndola por impugnada, sin perjuicio de que la satisfacción extraprocesal haya de ser declarada por el órgano económico-administrativo que estuviera conociendo del asunto.
- Se incorpora la referencia al expediente electrónico, la obligatoriedad de la interposición electrónica en caso de que el acto impugnado fuera de notificación obligatoria por esta vía y se aboga por la utilización de manera extensiva de dichos medios electrónicos.
- Se determina de forma expresa en norma con rango de ley el plazo del que dispone la Administración para ejecutar la resolución dictada por el Tribunal Económico-administrativo en los supuestos en los que se resuelva por razones sustantivas o de fondo.
- Se reconoce expresamente la eficacia de las resoluciones que se dicten ante la Administración tributaria encargada de la aplicación de los tributos.
- Se establece la posibilidad de suspensión de la resolución económico-administrativa en caso de presentación de recursos de alzada ordinarios por los Directores Generales, dándose determinadas circunstancias.
- Se introducen mejoras en materia de recurso de anulación.
- Se crea un nuevo recurso, el de ejecución, llamado hasta ahora incidente de ejecución , contra actos dictados como consecuencia de una resolución estimatoria del Tribunal, clarificando el ámbito de aplicación objetivo, simplificando el procedimiento y estableciendo el carácter urgente en su tramitación.
- Se reduce a seis meses el plazo de resolución del recurso extraordinario de revisión.
- Se sustituye el procedimiento ante los órganos unipersonales por el procedimiento abreviado para las reclamaciones de menor cuantía en el que el tribunal puede actuar de forma unipersonal.
- Se reconoce la legitimación de los órganos económico-administrativos para promover cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estableciéndose normas de procedimiento reguladoras y se determina que la interposición de tales cuestiones prejudiciales suspende que procedimiento económico-administrativo así como el cómputo del plazo de prescripción.
8-PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION LIMITADA.
Se modifica el régimen jurídico de la comprobación limitada al objeto de facilitar la protección de derechos del obligado tributario.
En este tipo de procedimiento la Administración tributaria puede realizar únicamente determinadas actuaciones. Una de ellas es el examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial, con excepción de la contabilidad mercantil, así como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos.
Pues bien, es este supuesto donde se introduce una modificación importante, al permitirse que los contribuyentes, voluntariamente y sin requerimiento previo, puedan aportar la documentación contable que entiendan pertinente al objeto de acreditar la contabilización de determinadas operaciones.
La Administración podrá examinar dicha documentación para la simple constatación de la coincidencia entre lo que figura en la documentación contable y la información de que disponga, sin que este examen impida o limite la posterior comprobación de las operaciones a las que se refiere dicha documentación en  un procedimiento de inspección.
9-PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Se suspende el plazo para iniciar o terminar el procedimiento sancionador cuando se solicite tasación pericial contradictoria, dado que la regulación actual podría derivar en la imposibilidad de imponer una sanción cuando se promoviera dicha tasación contra la liquidación. De este modo, tras la terminación del procedimiento de tasación pericial contradictoria, y una vez notificada la liquidación que proceda , se iniciará el plazo del cómputo, o si el procedimiento ya estuviera iniciado, se reanudará el cómputo del plazo restante para su terminación.
Si la sanción hubiera sido impuesta ya en el momento de solicitar la tasación pericial contradictoria, y como consecuencia de ésta, se dicta una nueva liquidación, se puede adaptar la sanción a la liquidación resultante tras la tasación, sin que para ello sea neceario acudir a un procedimiento de revocación, procediéndose a la anulación de la sanción y a la imposición de otra nueva teniendo en cuenta la cuantificación de la nueva liquidación.
Se reduce de 1.500 a  250 euros la sanción prevista para la presentación por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos de declaraciones o autoliquidaciones cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.
Se tipifica como nueva infracción el retraso en la obligación de llevanza de los Libros Registro a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración tributaria mediante el suministro de los registros de facturación, que se sancionará con multa pecuniaria proporcional de un 0,5 % del importe de la factura objeto del registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros. Sin embargo, su entrada en vigor no se produce hasta el 1 de enero de 2017.
10-OTRAS MATERIAS.
Se aprovecha la reforma para establecer un procedimiento para la recuperación de ayudas de Estado declaradas ilegales o incompatibles con otras previas que afecten al ámbito tributario. Así, se introduce un nuevo título (Título VII. Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario), regulador de los procedimientos a seguir para la ejecución de las Decisiones de la Comisión Europea exigiendo su recuperación.
Al actuar el estado como ejecutor de la decisión impuesta por la Comisión Europea, debe ajustarse a la normativa comunitaria reguladora de la materia, con las siguientes peculiaridades:
-          No cabe aplazamiento o fraccionamiento del pago de la liquidación en que se concrete la recuperación.
-          No resultan aplicables los plazos de prescripción internos sino los comunitarios de diez años, los cuales se interrumpen, además de por los motivos habituales, por cualquier actuación de la Comisión relacionada con la ayuda de Estado en cuestión y durante el tiempo en que la decisión de recuperación está siendo objeto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
-          Los intereses de demora aplicables se rigen por la normativa de la Unión Europea.
Se prevén dos supuestos, en función de si la recuperación implica o no , adicionalmente, la regularización de una obligación tributaria. No obstante, también se pueden ejecutar las decisiones de recuperación a través del procedimiento de inspección ordinario cuando al obligado tributario se le comprueben también otras obligaciones y otros elementos de la obligación distintos de los que constituyen objeto de la decisión de recuperación.
Se recoge de manera explícita la facultad de los órganos de la Administración tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, para dictar disposiciones interpretativas con carácter vinculante en la aplicación de los tributos.
Se señala expresamente la imposibilidad de que los contribuyentes que al inicio del procedimiento de comprobación o investigación hubieran ya aplicado o compensado las cantidades que tuvieran pendientes, mediante una declaración complementaria, dejen sin efecto la compensación o aplicación realizadas en otro ejercicio y soliciten la compensación o aplicación de esas cantidades en el ejercicio comprobado, lo cual podría alterar la calificación de la infracción eventualmente cometida.
Por otra parte, se precisa cuál es el valor probatorio de las facturas, en el sentido establecido en la doctrina del TEAC, negando que las facturas sean un medio de prueba privilegiado respecto de la realidad de las operaciones, de manera que cuando la Administración cuestione fundadamente su efectividad corresponderá al obligado tributario aportar pruebas de dicha realidad.
Se introduce una modificación en el ámbito de las obligaciones tributarias formales, especificando la posibilidad de que a través de una norma reglamentaria se regule la obligación de llevanza de los mismos a través de medios telemáticos. Sin embargo , su entrada en vigor no se produce hasta el 01 de enero de 2017.
Se establece que , tanto en el caso de personas físicas como de entidades, la publicación en el BOE de la revocación del Número de Identificación Fiscal determinará la pérdida de validez a efectos identificativos de dicho número en el ámbito fiscal. Además, las entidades de crédito no realizarán cargos o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los titulares de dichos números revocados, salvo que se rehabilite dicho número o se asigne uno nuevo.
Ello no impedirá a la Administración Tributaria exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes, si bien, la admisión de las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos en los que conste el NIF revocado queda condicionada a su rehabilitación o bien a la obtención de un nuevo número.
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La Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, vigente a partir del 10 de octubre de 2015, recoge en un único texto los diferentes incentivos al trabajo autónomo vigentes, que estaban dispersos en diversas normas, y pone en marcha nuevas medidas para impulsar el autoempleo y apoyar el trabajo autónomo y la Economía Social. Y lo lleva a cabo mediante modificaciones de otras leyes, en cuyos textos quedan incorporadas.
Veamos en qué consisten las novedades:
1. SE INTRODUCE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES CONTRATEN TRABAJADORES POR CUENTA AJENA EN DETERMINADOS SUPUESTOS(art. 11.2 a L 20/07)
En principio, estos trabajadores no pueden tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros. Ahora bien, la nueva Ley introduce la posibilidad de que los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes contraten a un solo trabajador cuando la interrupción de la actividad por causas vinculadas a la conciliación de su actividad profesional con su vida familiar pueda ocasionar la resolución del contrato con su cliente.
Concretamente, esas causas son:
- Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural de un menor de 9 meses.
- Períodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente.
- Cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo.
- Tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia.
- Tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con una discapacidad igual o superior al 33%.
La jornada de dicho contrato en los tres primeros casos será equivalente a la reducción de la actividad efectuada por el trabajador autónomo, con un máximo del 75% de la de un trabajador a tiempo completo comparable en cómputo anual, y su duración estará vinculada al mantenimiento de la situación de cuidado del menor de 7 años o persona en situación de dependencia o discapacidad, con una duración máxima, en todo caso, de 12 meses. En lo demás, se rige por el art. 15.1 c) ET (Contrato de interinidad para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo).
Entre un contrato de este tipo y otro deben transcurrir al menos 12 meses, salvo que el nuevo se celebre por una de las dos primeras causas.
Se viene a subsanar así la falta de protección existente respecto a aspectos relativos a la conciliación de la vida profesional y personal de este colectivo.
2. SE RECOGEN EN UN ÚNICO TEXTO LOS INCENTIVOS AL TRABAJO AUTÓNOMO EN VIGOR
Efectivamente, quedan recogidos en un nuevo Capítulo II del Título V de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, derogándose correlativamente las normas dispersas existentes hasta entonces, de la siguiente forma:
A) Reducciones y bonificaciones de Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia (art. 31 L 20/07)
Los trabajadores autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 5 años inmediatamente anteriores en el Régimen Especial de Autónomos, empleen trabajadores o no, disfrutarán de los siguientes beneficios:
- Si optan por cotizar por la base mínima: la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, será de 50 euros mensuales durante los 6 meses inmediatamente siguientes al alta (“tarifa plana”, cuantía actualizable en las sucesivas leyes de PGEº).
- Si optan por cotizar por una base superior: la cuota por contingencias comunes se reducirá un 80% de la cuota mínima, durante los 6 meses inmediatamente siguientes al alta.
- Y, en todo caso, durante los 6 meses siguientes podrán reducirse el 50% de la cuota mínima, durante los 3 siguientes a esos el 30% de la cuota mínima y durante 3 meses más igualmente el 30% de la cuota mínima.
Es decir, estas bonificaciones y reducciones pueden alcanzar una duración máxima de 18 meses.
Además, si estos trabajadores son menores de 30 años (de 35 años si son mujeres), podrán aplicarse una bonificación adicional del 30% de la cuota mínima por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, en los siguientes 12 meses, llegándose así a una duración máxima posible de 30 meses.
Este beneficio es también aplicable a los socios de sociedades laborales y socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado encuadrados en el Régimen Especial de Autónomos.
Correlativamente, se derogan:
- D.A. 35ª LGSS (Reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social aplicables a los jóvenes trabajadores por cuenta propia)
- D.A. 35ª bis LGSS (Reducciones a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia)
B) Reducciones y bonificaciones de Seguridad Social para las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo que se establezcan como trabajadores por cuenta propia (art. 32 L 20/07)
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, las víctimas de violencia de género y las víctimas del terrorismo, que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 5 años inmediatamente anteriores en el Régimen Especial de Autónomos, empleen trabajadores o no, disfrutarán de los siguientes beneficios:
- Si optan por cotizar por la base mínima: la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, será de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes al alta (“tarifa plana”, cuantía actualizable en las sucesivas leyes de PGEº).
- Si optan por cotizar por una base superior: la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, se reducirá un 80% de la cuota mínima, durante los 12 meses inmediatamente siguientes al alta.
- Además, durante los 6 meses siguientes podrán bonificarse el 50% de la cuota mínima, incluida la incapacidad temporal, hasta 48 meses.
Es decir, estas bonificaciones y reducciones pueden alcanzar una duración máxima de 5 años.
Este beneficio es también aplicable a los socios de sociedades laborales y socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado encuadrados en el Régimen Especial de Autónomos.
A estos efectos, se consideran personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, y aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Correlativamente, se deroga la D.A. 11ª de la Ley 45/2002 (Reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia).
C) Compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia (art. 33 L 20/07)
Como una de las excepciones a la prohibición genérica de compatibilizar desempleo y trabajo por cuenta propia a tiempo completo, los titulares de la prestación por desempleo contributivo que causen alta como trabajadores por cuenta propia en algún régimen de Seguridad Social podrán compatibilizar dicha prestación con el trabajo autónomo, por un máximo de 270 días o por el tiempo inferior pendiente de percibir (hasta ahora, esta posibilidad se limitaba a los menores de 30 años; ahora se ha ampliado a los mayores de esa edad).
La opción debe solicitarse a la entidad gestora en el plazo de 15 días a contar desde el inicio de la actividad por cuenta propia, con efectos retroactivos a tal inicio.
El beneficio finalizará si se realiza un trabajo por cuenta ajena pero, mientras dura, el beneficiario no tendrá que cumplir las obligaciones como demandante de empleo y las derivadas del compromiso de actividad.
No pueden acceder a esta medida:
- Aquellas personas cuyo último empleo haya sido por cuenta propia
- Quienes hayan hecho uso de este derecho u obtenido el pago único de la prestación por desempleo en los 24 meses inmediatamente anteriores.
- Quienes se constituyan como trabajadores autónomos y suscriban un contrato para realizar su actividad profesional con el empleador por cuenta ajena inmediatamente anterior al desempleo o con una empresa del mismo grupo empresarial.
Si cesa en el trabajo por cuenta propia y tiene derecho a la protección por cese de actividad, el trabajador podrá optar entre percibir esta o reabrir el derecho a la protección por desempleo suspendida.
Este beneficio es también aplicable a los perceptores del desempleo que se incorporen como socios de sociedades laborales o socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, de nueva creación, encuadrados en un régimen especial de la Seguridad Social por cuenta propia.
Correlativamente, se deroga el art. 3 de la Ley 11/2013 (Compatibilización por los menores de 30 años de la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia).
D) Posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo para constituirse como trabajador autónomo o destinarla al control efectivo de una entidad en la que trabajar por cuenta propia (art. 34 L 20/07)
Se podrá abonar de una sola vez el valor del importe, total o parcial, de la prestación por desempleo de nivel contributivo a que tenga derecho el trabajador, pendiente de percibir, conforme a las siguientes reglas:
- El importe puede alcanzar el 100% de la prestación si el trabajador pretende constituirse como trabajador autónomo, o aportarlo para poseer el control efectivo de una entidad mercantil nueva o constituida dentro de los 12 meses anteriores y ejercer en ella una actividad profesional por cuenta propia.
Puede destinarse a gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la entidad y al pago de tasas y tributos, y hasta el 15% de la misma a servicios específicos de asesoramiento, formación e información.
La prestación se abona como pago único, calculada en días completos, de la que se deduce el interés legal del dinero.
No debe haberse mantenido con la entidad (o con otra del mismo grupo empresarial) un vínculo contractual previo inmediatamente anterior al desempleo.
- La entidad gestora puede abonar mensualmente la prestación por desempleo contributiva mediante la subvención de la cotización del trabajador a la Seguridad Social, cuando el pago único no alcanza el 100%.
A tal fin, comprobará mensualmente que el trabajador se mantiene en alta en la Seguridad Social.
- La solicitud debe realizarse antes del inicio de la actividad como trabajador autónomo o como socio de la entidad mercantil (se considera inicio la fecha que figura en la solicitud de alta del trabajador en la Seguridad Social), con efectos económicos a partir del día siguiente al de su reconocimiento o fecha de inicio de la actividad si es anterior.
- No pueden percibir el pago único de la prestación quienes en los 24 meses anteriores a su solicitud hayan compatibilizado el trabajo por cuenta propia con la prestación por desempleo contributiva.
- Si cesa involuntariamente en el trabajo por cuenta propia sin haber extinguido la prestación por desempleo contributiva y tuviera derecho a la protección por cese de actividad, el trabajador podrá optar entre percibir esta o reabrir el derecho a aquella.
Correlativamente, se deroga la D.T. 4ª de la Ley 45/2002 (Programa de fomento de empleo en economía social y empleo autónomo).
E) Posibilidad capitalizar la prestación por cese de actividad para constituirse como trabajador autónomo o destinarla al control efectivo de una entidad en la que trabajar por cuenta propia (art. 39 L 20/07)
Quienes tengan derecho a la prestación por cese de actividad y tengan pendiente de percibir al menos 6 meses, podrán percibir su importe de una sola vez cuando acrediten ante el órgano gestor que van a realizar una actividad como trabajadores autónomos, o a aportarlo al capital social de una entidad mercantil nueva o constituida dentro de los 12 meses anteriores para poseer su control efectivo y ejercer en ella una actividad profesional por cuenta propia, conforme a las siguientes reglas:
- El beneficiario deberá solicitarlo al órgano gestor, acompañando memoria explicativa del proyecto y de la actividad y documentación acreditativa de la viabilidad:
• La solicitud debe ser en todo caso anterior a la fecha de incorporación a la sociedad o a la de inicio de la actividad (que es la fecha de alta en la Seguridad Social).
• El órgano gestor resolverá en el plazo de 30 días y contra su decisión cabe interponer reclamación previa ante el mismo órgano antes de acudir al órgano jurisdiccional del orden social. (art. 19 L 32/10)
- Una vez percibida la prestación, el beneficiario deberá iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes y darse de alta como trabajador por cuenta propia en el correspondiente régimen especial o acreditar que está en fase de iniciación.
- La prestación se abona de una sola vez como pago único, calculada en días completos, de la que se deduce el interés legal del dinero: podrá destinarse a gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la entidad y al pago de tasas y tributos, y hasta un 15% a servicios específicos de asesoramiento, formación e información.
- Cuando el pago único no alcanza el 100%, los beneficiarios pueden solicitar al órgano gestor que abona mensualmente la prestación que subvencione la cotización del trabajador a la Seguridad Social, en cuyo caso:
• Abonará la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad Social al inicio de la actividad.
• Comprobará mensualmente que el trabajador se mantiene en alta en la Seguridad Social.
- La percepción de la prestación en un pago único es compatible con otras ayudas para la promoción del trabajo autónomo.
- Si la cantidad percibida no se destina a realizar la actividad para la que se ha concedido (por no darse de alta en el correspondiente Régimen de Seguridad Social ni acreditar que está en fase de iniciación en el plazo de un mes), se considerará pago indebido y se aplicará el procedimiento para el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. (art. 31 RD 1541/11)
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo, cuando: (D.A. 27ª LGSS)
- Al menos la mitad del capital de la sociedad esté distribuido entre socios, con los que conviva, y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.
- Su participación en el capital social sea igual o superior a 1/3 del mismo.
- Su participación en el capital social sea igual o superior a la 1/4 del mismo, si realiza funciones de dirección y gerencia.
Correlativamente, se deroga:
- La D.A. 14ª de la Ley 32/2010 (Pago único de la prestación por cese de actividad).
- La D.A. 4ª del Real Decreto 1541/11 (Pago único de la prestación por cese de actividad).
F) Bonificaciones de Seguridad Social por altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos (art. 35 L 20/07)
El cónyuge y familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, o por adopción, que se incorporen al Régimen Especial de Autónomos, en el que no hayan estado dados de alta en los 5 años inmediatamente anteriores y colaboren con ellos realizando trabajos en la actividad de que se trate, tendrán derecho a una bonificación:
- Del 50% de la cuota mínima del Régimen Especial o Sistema Especial por cuenta propia de que se trate, durante los 18 meses siguientes a la fecha de efectos del alta.
- Del 25% de dicha cuota mínima durante los 6 meses siguientes
Se excluye a los familiares colaboradores que ya se hayan beneficiado de esta medida conforme a la normativa anterior.
Las referencias al cónyuge del trabajador autónomo se entenderán también realizadas a la persona ligada de forma estable con aquel por una relación de afectividad análoga a la conyugal, una vez que se regule en el sistema de la Seguridad Social el alcance del encuadramiento de la pareja de hecho del trabajador autónomo. (D.A. 13ª L 20/07)
Correlativamente, se deroga la D.A. 11ª de la Ley 3/2012 (Bonificaciones por nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos).
G) Bonificaciones de Seguridad Social a trabajadores autónomos de Ceuta y Melilla (art. 36 L 20/07)
Los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de Autónomos que residan y ejerzan su actividad en las Ciudades de Ceuta y Melilla y se dediquen a actividades encuadradas en los sectores de Agricultura, Pesca y Acuicultura; Industria, excepto Energía y Agua; Comercio; Turismo; Hostelería y resto de servicios, excepto el Transporte Aéreo, Construcción de Edificios, Actividades Financieras y de Seguros y Actividades Inmobiliarias, tendrán derecho a una bonificación del 50% en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes.
Correlativamente, se modifica la D.A. 30ª.2 de la LGSS (Bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social… respecto de trabajadores de determinados ámbitos geográficos).
H) Reducciones de Seguridad Social a favor de determinados familiares del titular de la explotación agraria (art. 37 L 20/07)
Las personas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, que tengan 50 o menos años de edad al incorporarse al mismo y sean cónyuges o descendientes del titular de la explotación agraria, tendrán una reducción del 30% de la cuota que resulte de aplicar el tipo del 18,75% a la base mínima, sobre la cotización por contingencias comunes de cobertura obligatoria.
El titular de la explotación agraria debe estar dado de alta en aquel mismo Sistema Especial o en el Régimen Especial de Autónomos.
La reducción tendrá una duración de 5 años, será incompatible con la reducción y bonificación prevista en los apartados A) y B) y se podrá aplicar al cónyuge del titular de una explotación agraria que sea titular compartido de la misma.
Las referencias al cónyuge del titular de la explotación agraria se entenderán también realizadas a la persona ligada de forma estable con aquel por una relación de afectividad análoga a la conyugal, una vez que se regule en el sistema de la Seguridad Social el alcance del encuadramiento de la pareja de hecho del titular de la explotación. (D.A. 13ª L 20/07)
Correlativamente, se deroga la D.A. 1ª de la Ley 18/2007 (Reducción de cuotas a favor de determinados familiares del titular de la explotación agraria).
I) Bonificaciones de Seguridad Social para trabajadores autónomos en período de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad (art. 38 L 20/07)
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, sustituidos durante los períodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, mediante contratos de interinidad bonificados celebrados con desempleados (RDley 11/1998), gozarán de una bonificación del 100% de la cuota mínima del régimen especial correspondiente.
La duración máxima coincide con el límite máximo del periodo de suspensión.
Correlativamente, se modifica la D.A. 2ª de la Ley 12/2001 (Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social para los trabajadores en período de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad), cuya aplicación queda reducida a los trabajadores por cuenta ajena.
3. SE REGULAN OTRAS BONIFICACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA SOCIAL
A lo largo de su articulado, la Ley modifica las siguientes bonificaciones:
A) Bonificaciones a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social (art. 9 L 5/11)
A fin de facilitar la incorporación de nuevos socios a las entidades que forman parte de la Economía Social, se amplían las bonificaciones que ya existían en el art. 14 de la Ley 11/2013 para menores de 30 años, a los mayores de esa edad, quedando de la siguiente forma:
- Cooperativas y sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados como socios trabajadores o de trabajo: bonificación en las cuotas empresariales de Seguridad Social de 800 euros anuales durante 3 años (si son menores de 30 años, o de 35 y discapacitados en un 33%: 1.650 euros anuales el primer año).
- Empresas de inserción que contraten a personas en situación de exclusión social: 850 euros anuales hasta un máximo de 3 años (si son menores de 30 años, o de 35 y discapacitados en un 33%: 1.650 euros anuales el primer año).
Correlativamente, se deroga el art. 14 de la Ley 11/2013 (Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social).
B) Bonificaciones de Seguridad Social para socios trabajadores o de trabajo de sociedades cooperativas, en período de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad (art. 11 L 5/11)
Los socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas, sustituidos durante los períodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, mediante contratos de interinidad bonificados celebrados con desempleados (RDley 11/1998), gozarán de:
- Bonificación del 100% de las cuotas empresariales (incluidas las de AT y EP) y en las de recaudación conjunta si los socios están encuadrados en un régimen de Seguridad Social por cuenta ajena.
- Bonificación del 100% de la cuota mínima si los trabajadores están incluidos en un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores autónomos.
La duración máxima coincide con el límite máximo del periodo de suspensión.
C) Nueva bonificación para trabajadores procedentes de empresas de inserción (art. 2.5 L 43/06)
En apoyo a los trabajadores con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, la Ley recoge una nueva bonificación en las cuotas empresariales para los trabajadores de empresas ordinarias que procedan de empresas de inserción.
Efectivamente, cuando el trabajador contratado haya finalizado un contrato de trabajo con una empresa de inserción social durante los 12 meses anteriores, no haya trabajado por cuenta ajena para otro empleador posteriormente al cese en aquélla y sea contratado por un empleador que no sea empresa de inserción o centro especial de empleo, la bonificación será de 1.650 euros el primer año, y 600 euros anuales en los tres años posteriores (500 en caso de contratos temporales). Se ha ampliado, por tanto, la bonificación para ese primer año, que antes era de la misma cuantía.
4. SE MODIFICA LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS DEL TRABAJO AUTÓNOMO (art. 22 L 20/07)
Por un lado, desaparece la obligación de que un representante designado por cada consejo autonómico tenga que formar parte de los Consejos del Trabajo Autónomo que se constituyan en esos ámbitos territoriales.
Además, la Presidencia del Consejo pasa a ostentarse por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la forma prevista reglamentariamente (antes, el Secretario General de Empleo y, por delegación, al Director General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo).
5. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN COMO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL (art. 5 L 5/11)
Se reconoce a los Centros Especiales de Empleo y a las Empresas de Inserción como entidades prestadoras de servicios de interés económico general, lo que les permitirá ampliar hasta los 500.000 € la cuantía que pueden recibir en concepto de subvenciones en un período de tres años.
Y se prevé la posibilidad de extender reglamentariamente esa declaración a otras entidades de la economía social cuyo objeto sea la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión.
6. OTROS
Además, la norma:
- Regula la Capitalización de la prestación por desempleo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales. (art. 10 L 5/11)
- Establece que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros u órgano competente de las CCAA y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que al menos el 30% por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social. (D.A. 5ª RDLeg. 3/2011)
Se introduce así la participación de las empresas de inserción en los procedimientos de adjudicación de contratos con reserva de participación en el sector público (reserva de mercado), algo que hasta ahora se limitaba a los Centros Especiales de Empleo.
 
 
                                                                                              Departamento de Laboral
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Nuevo sistema de llevanza de libros registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria a partir de 1-1-2017
El Proyecto de RD para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del IVA prevé modificaciones en el Reglamento de IVA, el Reglamento de gestión e inspección tributaria y el Reglamento de facturación
El objeto del Proyecto de Real Decreto para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del IVA es la incorporación de las modificaciones reglamentarias necesarias para regular el nuevo sistema de llevanza de libros registro a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.
Así se modifican por un lado el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, por otro el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y, finalmente, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Se prevé una entrada en vigor con carácter general del 1 de enero de 2017.
Las modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido afectan a los siguientes artículos:
· • Artículo 9 (exenciones relativas a las exportaciones) en relación con el régimen de devolución de viajeros, para prever la incorporación de establecer un sistema electrónico que permita una mejor gestión. Así se prevé que el vendedor expida junto a la factura un documento electrónico de reembolso disponible en la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
· • Artículos 30.10 y 62.6 para definir el ámbito subjetivo al que afecta la utilización del sistema de llevanza de los libros registro del impuesto a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Así, deberán utilizar este sistema de manera obligatoria los empresarios y profesionales y otros sujetos pasivos cuyo período de liquidación coincida con el mes natural. Igualmente pueden utilizarlo de forma voluntaria quienes ejerzan la opción a través de la declaración censal.
· • Artículos 61 ter. 3, 62.6 y 71, para establecer un nuevo período de declaración, que pasará a ser mensual, en el supuesto de llevanza de los libros registro del impuesto a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Se amplía asimismo el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones de los sujetos que utilicen este nuevos sistema de llevanza de libros registros hasta los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual, o hasta el último día del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación correspondiente al mes de enero.
· • Artículo 63, referido al Libro registro de facturas expedidas, para incorporar su llevanza a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y su contenido.
· • Artículo 64, referido al Libro registro de facturas recibidas, para incorporar su llevanza a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y su contenido.
· • Artículo 65, referido al Libro registro de bienes de inversión, para incorporar su llevanza a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
· • Artículo 66, referido al Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, para incorporar su llevanza a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
· • Artículo 67 para incorporar una corrección técnica.
· • Artículo 68, referido a requisitos formales.
· • Artículo 68 bis, añadido para desarrollar el ejercicio de la opción por la llevanza electrónica de los libros registro.
· • Artículo 69, añadido para establecer los plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación. Se establece con carácter general en cuatro días naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos nacionales.
· • Artículo 70, referido a la rectificación de las anotaciones registrales.
· • Se actualiza la vigencia del Real Decreto 669/1986, de 21 de marzo, para adaptarlo a normativas posteriores.
Las modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, por otro el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos tienen por finalidad exonerar de la obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347 y de la presentación de la declaración informativa contenida en el modelo 340 a quienes utilicen el nuevo sistema de llevanza de libros registro, con la excepción de las Administraciones Públicas que deben relacionar en la Declaración anual de operaciones con terceras personas a todas aquellas personas o entidades a quienes hayan satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, salvo que se incluyan en otras declaraciones informativas y tengan contenido coincidente.
Asimismo, se añade una letra j) al artículo 104 para incluir como dilación por causa no imputable a la Administración Tributaria, a efectos de lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el incumplimiento de la obligación de llevanza de los libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT para las personas y entidades obligadas a ello.
La modificación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación establece que las personas y entidades obligadas a la llevanza de los libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT , que opten por el cumplimiento de la obligación de expedir factura por los destinatarios de las operaciones o por terceros, deben presentar una declaración censal comunicando dicha opción, la fecha a partir de la cual la ejercen, la renuncia y su fecha de efectos.
También se modifica el plazo para la remisión de las facturas en el supuesto de que el destinatario de las operaciones sea un empresario o profesional que actúe como tal, estableciéndolo antes del día 16 del mes siguiente a aquel en el que se haya producido el devengo del impuesto correspondiente a la operación.
Igualmente se modifica la disposición adicional tercera del Reglamento, referido a la facturación de determinadas entregas de energía eléctrica.
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Las medidas de fomento de empleo en la Ley 25/2015, de 28 de julio


El día 29 de julio, se ha publicado en el BOE la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que reproduce en su mayor parte el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, previo.
Además de ampliar el plazo de suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, instaurar un régimen de exoneración de deudas para las personas naturales en el marco del procedimiento concursal y suprimir las tasas judiciales para las personas físicas, reproduce dos medidas de fomento del empleo en el ámbito de la Seguridad Social:
1) Mínimo exento de cotización para favorecer la creación de empleo indefinido (art. 8 Ley 25/2015)
Se establece un nuevo incentivo a la contratación indefinida, de carácter progresivo:
a) ¿En qué consiste el incentivo y a cuánto asciende?
- Si la contratación es a tiempo completo, quedarán exentos de la cotización empresarial los primeros 500 euros de la base de cotización por contingencias comunes, aplicándose el tipo vigente al resto de la base.
- Si la contratación es a tiempo parcial y la jornada de trabajo de al menos el 50% de la de un trabajador a tiempo completo comparable, esos 500 euros se reducirán proporcionalmente.
Ese beneficio en la cotización será bonificación cuando la contratación indefinida se produzca con trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y reducción para el resto de trabajadores contratados. ¿Diferencia? En el primer caso, la financiación corre a cargo del SEPE en cofinanciación con el Fondo Social Europeo, y en el segundo, a cargo de la Seguridad Social.
b) ¿Durante cuánto tiempo se aplica?
Durante un periodo de 24 meses, contados a partir de la fecha de efectos del contrato.
Ahora bien, durante los 12 meses siguientes a esos 24, las empresas que al celebrar el contrato cuenten con menos de 10 trabajadores, tendrán derecho a mantener la bonificación o reducción por los primeros 250 euros de la base de cotización (o cuantía proporcional si el contrato es a tiempo parcial, claro está).
c) ¿A qué contratos se aplica?
A los contratos indefinidos celebrados por escrito entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2016.
d) ¿Qué requisitos deben cumplir las empresas para beneficiarse del incentivo?
Son los siguientes:
- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, tanto a la fecha del alta de los trabajadores como durante la aplicación del beneficio.
- No haber extinguido contratos de trabajo en los seis meses anteriores, por causas objetivas, por despidos disciplinarios declarados judicialmente improcedentes o por despidos colectivos declarados no ajustados a Derecho.
- Celebrar contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo total de la empresa.
- Mantener durante un periodo de 36 meses, a contar desde la fecha de efectos del contrato, tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total alcanzado.
El incumplimiento de este requisito da lugar a que la bonificación quede sin efecto y a su reintegro, en distintos porcentajes según el tiempo transcurrido.
- No haber sido excluidas del acceso a los beneficios de los programas de empleo.
El beneficio se aplica también a quienes se incorporen como socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas que hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, así como a quienes se incorporen como socios trabajadores de las sociedades laborales.
e) ¿Hay casos en los que no se aplica?
Si, concretamente no se aplica a las relaciones laborales especiales; a la contratación del cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos; a la contratación de trabajadores cuya actividad determine su inclusión en cualquier sistema especial del Régimen General; a la contratación de trabajadores contratados antes en otras empresas del mismo grupo, etc.
f) ¿Es compatible con otros beneficios en la cotización?
Este beneficio es incompatible con cualquier otro beneficio en la cotización, con las siguientes excepciones:
- Si el contrato indefinido se formaliza con beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, será compatible con la bonificación establecida en el artículo 107 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
- Si el contrato indefinido se formaliza con personas beneficiarias del Programa de Activación para el Empleo, será compatible con la ayuda económica de acompañamiento que perciban, en los términos previstos en el artículo 8 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.
2) Bonificación a trabajadores autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación (art. 9 Ley 25/2015)
Esta nueva bonificación a los trabajadores por cuenta propia o autónomos se articula mediante un nuevo artículo 30 que se añade a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
a) ¿En qué consiste y a cuánto asciende?
En una bonificación del 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes, que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida el tipo de cotización mínimo de cotización vigente en cada momento establecido en el citado Régimen Especial, en alguno de estos casos:
- Cuidar de menores de 7 años a su cargo.
- Tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, que no desempeñe una actividad retribuida y tenga parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad igual o superior al 33% o una discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, debidamente acreditada.
b) ¿Qué requisitos debe cumplir el trabajador autónomo?
Debe cumplir dos requisitos:
- Permanecer en alta en este Régimen Especial no sólo durante el disfrute de la bonificación sino también durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de dicho disfrute.
- Contratar a un trabajador por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, y mantenerlo durante todo el periodo de su disfrute. A tener en cuenta:
• Ese trabajador debe ser ocupado en la actividad profesional que da lugar al alta del trabajador autónomo en la Seguridad Social.
  • Si se extingue la relación laboral y el trabajador autónomo contrata a otro trabajador por cuenta ajena en el plazo máximo de 30 días, podrá beneficiarse de la bonificación.
  • El contrato a tiempo parcial debe ser al menos por una jornada del 50% de la de un trabajador a tiempo completo comparable y la bonificación será del 50%.
• No deben tener trabajadores asalariados al inicio de la aplicación de la bonificación y durante los doce meses anteriores a la misma.
Si incumple los requisitos indicados, el trabajador autónomo deberá reintegrar la bonificación disfrutada.
c) ¿Durante cuánto tiempo se aplica?
Por un plazo de hasta doce meses.
En todo caso, la duración del contrato deberá ser, al menos, de 3 meses desde la fecha de inicio del disfrute de la bonificación.

Departamento de Laboral
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NUEVOS TIPOS DE RETENCION

Por parte del Ministerio de Hacienda se va a proceder a modificar los tipos de retención e ingresos a cuenta del IRPF vigentes desde primeros de año, teniendo la variación efecto de fecha 1 de Julio de 2015.
Estos nuevos tipos son los que estaban previstos para ser aplicados a partir de enero de 2016, y son los siguientes:

Actividades Profesionales 15 por 100, excepto en los dos primeros años de ejercicio de la actividad que se mantiene en el 9 por 100
Ganancias Patrimoniales 19 por 100
Capital Mobiliario   19 por 100
Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles 19 por 100
Cursos, seminarios, conferencias  18 por 100

Esperamos que esta información sea de su interés.
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