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sergio jimenez peña
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PRINCIPIO NON BIS IN IDEM

STC 30 enero 1981, FJ 4º dice que dicho principio no rige cuando existe: "una relación de supremacía especial de la Administración que justificase el ejercicio de ius puniendi por los Tribunales y a su vez de la potestad sancionadora de la Administración".
Dicha sentencia dirá también, que aunque el principio non bis in idem no se recoge expresamente en la Constitución "va íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones recogidos principalmente en el art. 25 CE"
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PRINCIPIO NON BIS IN IDEM

STC 30 enero 1981, FJ 4º dice que dicho principio no rige cuando existe: "una relación de supremacía especial de la Administración que justificase el ejercicio de ius puniendi por los Tribunales y a su vez de la potestad sancionadora de la Administración".
Dicha sentencia dirá también, que aunque el principio non bis in idem no se recoge expresamente en la Constitución "va íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones recogidos principalmente en el art. 25 CE"
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La STS de 4 de febrero de 2003, Sala 3ª, Sección 1ª confirma que la subsanación de defectos a que se refiere el artículo 71 de la Ley 30/1992, es plenamente aplicable a los procedimientos selectivos de Profesor Asociado de las Universidades Españolas (BOE núm. 117, de 16 de mayo de 2003)
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CARGA DE LA PRUEBA (art. 217 LEC)

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2.013 declaró: " El llamado problema de la carga de la prueba surge sólo en caso de ausencia de elementos de juicio susceptibles de fundar la convicción del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes y a los que la norma vincula la consecuencia jurídica pretendida - sentencia 822/2.012, de 18 de enero, entre otras muchas-, pues es entonces, por la prohibición del "non liquet", cuando se hacen necesarias unas reglas que identifiquen a la parte sobre la que ha de recaer el perjuicio derivado de la falta o insuficiencia de prueba.
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DISOLUCION vs LIQUIDACIÓN SOCIEDAD GANANCIAL

STS 21 NOV 1987 y STS 8 OCT 1990 "Durante el período intermedio entre la disolución de la sociedad de gananciales y la definitiva liquidación de la misma surge una comunidad postmatrimonial sobre la antigua masa ganancial, cuyo régimen ya no puede ser el de la sociedad de gananciales, sino el de cualquier conjunto de bienes en cotitularidad ordinaria y en la que cada comunero ostenta una cuota abstracta sobre el totum ganancial, pero no una cuota concreta sobre cada uno de los bienes integrantes del mismo, cuya cuota abstracta subsistirá mientras perviva la expresada comunidad postmatrimonial y hasta que mediante las oportunas operaciones de liquidación-división, se materialice en una parte concreta de bienes para cada uno de los comuneros"
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ICALI
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LA PERPETUATIO LEGITIMATIONIS

La legitimación activa ad causam (para el proceso) consiste en una posición
o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que
determina una aptitud para actuar en el mismo como parte, se trata de una
cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta
jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar -STS
634/2010, de 14 de octubre (RC 1643/2006)-. Como afirma la STS 613/2008, de
2 de julio (RC 1354/2002) “es un presupuesto preliminar del proceso susceptible de examen previo al de la cuestión de fondo, aunque tiene que ver con ésta.

Debe apreciarse de oficio y se produce cuando el actor no aparece como titular
del derecho que intenta hacer valer en el proceso (pues la legitimación exige
una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada y el objeto jurídico
pretendido) o no está facultado por sí solo para el ejercicio de la acción”.
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EL PRINCIPIO PRO ACTIONE

El Tribunal Constitucional ha afirmado de manera constante que el derecho
a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE comporta, como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, pero no es un derecho de libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, sino que es un derecho prestacional y de configuración legal, cuyo ejercicio está sujeto a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso, haya establecido el legislador, que cuenta con un ámbito de libertad amplio en la definición o determinación de las condiciones y consecuencias del acceso a la justicia, pues le incumbe configurar la actividad judicial y, más concretamente, el proceso en cuyo seno se ejercita el derecho fundamental ordenado a la satisfacción de pretensiones dirigidas a la defensa de derechos e intereses legítimos (en este sentido STC 20/2012, de 16 de febrero).

De ahí que el derecho a la tutela judicial efectiva quede satisfecho cuando
los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente
procesal, apreciando razonadamente la concurrencia en el caso de un óbice
fundado en un precepto expreso de la Ley, y que las decisiones judiciales de
terminación del proceso sean constitucionalmente legítimas siempre que el
razonamiento responda a una interpretación de las normas legales conforme a la efectividad del derecho fundamental.

Ahora bien, conforme al principio pro actione [a favor de la acción], entendido no como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión, sino como la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas entre los fines que se pretenden preservar y los intereses que sacrifican, los cánones del control de constitucionalidad de las decisiones judiciales son más estrictos cuando se trata de acceso a la jurisdicción, a diferencia de aquellos supuestos en los que el recurrente ha obtenido ya una primera respuesta judicial (en este sentido STC 38/2010, de 19 julio), ya que el derecho a la jurisdicción “no consiente interpretaciones y aplicaciones de los requisitos legales caracterizadas por el rigorismo, el formalismo o la desproporción entre los fines que preservan y la consecuencia del cierre del proceso que conllevan, con eliminación u obstaculización injustificada del derecho a que un órgano judicial resuelva sobre el fondo de la pretensión a él sometida” (STC 231/2012, de 10 de diciembre).
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Medidas Cautelares en el Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
STSJ Valencia 27 de mayo de 2003: "TERCERO.- De lo expuesto se desprende, en primer lugar, que el artículo 130 LJCA/1998 reitera, aún cuando utilizando una fórmula distinta, como criterio principal a considerar en orden a la adopción de medidas cautelares el ya empleado por la LJCA/1956 referente a la imposibilidad o dificultad en la reparación de los daños o perjuicios que pudiera ocasionar la ejecución del acto impugnado, excluyendo la utilización de otros, particularmente el del "fumus bonis iuris"; y, en segundo lugar, que como criterio subsidiario o corrector de aquél establece el del posible perjuicio que para los intereses generales o de tercero pudiera seguirse de la adopción de la medida cautelar, que, de concurrir y aún apreciándose la expresada imposibilidad o dificultad de reparación de los daños y perjuicios originados por la ejecución inmediata del acto impugnado, puede determinar su denegación. Son estos, por tanto, los criterios en base a los que se debe resolver la solicitud de suspensión.
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PACTO DE RESERVA DE DOMINIO
Dicho pacto que aparece en la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a plazos de bienes muebles, se establece en virtud del art. 1255 CC con la finalidad de garantizar el pago del precio, reservándose el vendedor la propiedad de la cosa vendida hasta el íntegro pago de aquél.
Este pacto es admitido sin discusión por doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El vendedor, que continuará siendo el propietario del bien hasta su total pago, no podrá transmitir la propiedad mientras el comprador esté dando cumplimiento a la obligación de pago aplazado. No obstante lo que sí puede transmitir el vendedor es su derecho de crédito voluntariamente o forzosamente, por embargo o vía de apremio.
De este modo hemos de tener en cuenta que en virtud del citado pacto que actúa a modo de condición suspensiva de la adquisición, el comprador no será propietario del bien hasta la total satisfacción del precio. A mayor abundamiento la DGRN ha admitido que pueda ser objeto de embargo los derechos ya adquiridos por el comprador, pero no el dominio del cual y mientras subsista la condición suspensiva carecerá.
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