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juan garcia eugenio
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Pensión de alimentos. ¿De padres a hijos?
Nuestro Código Civil establece la obligación entre determinados parientes de prestarse ayuda económica para el desarrollo básico de la vida cotidiana; es lo que se conoce como pensión de alimentos.


Aunque tenga esta denominación no es una obligación de dar alimentos en sentido estricto. Si no, que dentro de esa obligación o pensión se incluye la vestimenta y gastos para el sustento. De hecho, el propio codigo establece que se entiende por alimento todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Inlcuye además los gastos de educación. Por lo que la denominación "alimentos" es bastante amplia.


Otro punto que a nivel cotidiano se tiene como erróneo, es el hecho que son lo padres los que tienen esta obligación para con sus hijos. Y si bien es cierto que los progenitores tienen esta obligación con sus descendientes; también es cierto que esta obligación existe a la inversa, es decir, los hijos tienen obligación de dar "pensión de alimentos" (en el sentido que establece el Código Civil) a sus padres. De hecho, no son los únicos, pues esta obligación se tiene también entre hermanos y cónyuges.


Es por esto que no es de extrañar, cuando un padre reclama a su hija una pensión de alimentos. Si bien este caso salta a la presna del corazón por el carácter artístico de la hija, no es más cierto que sorprende el hecho que sea el padre quien reclame a su hija. La pensión se debe por el hecho de ser familia, y nada establece el código respecto a si la relación tiene que tener más o menos intensidad o afectividad. Lo que si se exige es una serie de requisitos tanto por el alimentante como por el alimentista, sin los cuales, la pensión no se concederá. Así mismo, y pese a que en éste caso en concreto, se pide pensión a uno solo de los hijos, el código si establece que en caso de haber más de un obligado a prestar alimentos los tribunales graduarán el pago de la misma en la proporción que resulte a cada obligado; y esto se hará en la misma sentencia que recoja la existencia de éste derecho a pensión de alimentos.


No se debe olvidar que esta pensión, es un derecho para unas circunstancias personales y temporales concretas; de tal forma que si las circunstancias cambian, cambiará también la cuantía de la pensión o incluso la existencia de la misma; llegando a darse el caso que quien hoy da pensión de alimentos a un progenitor, mañana tenga derecho a recibir una pensión similar de ése mismo progenitor.


Desde García Eugenio Abogados se tramitan con éxito gran número de reclamaciones de alimentos.

www.garciaeugenioabogados.es
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Compliance. Una solución de presente más que de futuro.
Muchos creen que la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas, partidos polícitos, etc) se introdujo con la reforma llevada a cabo en 2015. Lo cierto que es dicha responsabilidad penal se introdujo por la reforma llevada a cabo por la L.O. 5/2010 y LO 7/2012.


La modificación introducida en 2015 (L.O. 1/2015) conlleva como novedad la introducción de unas eximentes o atenuantes para las propias personas jurídicas que comentan delitos o delitos que se cometan en el seno de éstas personas jurídicas.


Estas eximentes no son otra cosa que cumplir con un plan de prevención; un plan de compliance. Ello puede ser llevado a cabo por un Compliance Officer (que normalmente será un abogado que trabaje para la empresa), o por un despacho de abogados externo que se encargue bien de la elaboración de dicho plan, de su seguimiento y/o cumplimiento y de las medidas de control y eficacia.


Esto no es solo una solución de futuro, si no, una solución de presente dado que ya existen sentencias absolviendo a personas jurídicas que han demostrado tener este sistema o plan de cumplimiento implantado (véase otras publicaciones de esta firma como "La vital importancia del Compliance Penal para empresas"), así como las nefastas consecuencias que puede tener para una empresa una condena penal, por un incumplimiento de un directivo o alto cargo, en el seno de la misma. Como demuestran también recientes sentencias condenatorias.


Está claro que mucha empresas y partidos políticos que se encuentran en el candelero informativo por su imputación penal por presuntos delitos cometidos en su seno, podría haber salvado esa situación, incluso evitar la condena, con un plan de cumplimiento o compliance.


Desde García Eugenio Abogados se prestan estos serivicios de compliance. Bien como Compliance Officer, o bien como organismo de compliance externo a la empresa-cliente, realizando las labores propias de prevención, detección y cumplimiento de posibles infracciones tanto a la normativa penal, como cualquier otra normativa que afecte al sector de la empresa-cliente.

www.garciaeugenioabogados.es
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Primer paso para la Ley de Custodia Compartida.
Comienza el primer paso para creación de la Ley de Custodia Compartida. Como recogen ya varios medios de comunicación, tales como LA GACETA; el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad trabaja ya en un borrador de ley para establecer la custodia compartida como el régimen habitual en los casos de divorcio.


La ministra Dolors Montserrat ha señalado que “no se trata de imponer la custodia compartida, sino de normalizar el recurso a la misma y que este recurso exista en todo el territorio nacional, facilitando el trato cotidiano y frecuente de los niños con sus progenitores”.


También ha dicho que se “comprometen” a normalizar este tipo de custodia siempre que no medien casos de violencia machista.


Aunque existe en nuestra legislación la custodia compartida desde hace más de una década, no es una práctica habitual por nuestros tribunales conceder la custodía compartida; menteniéndo aún la preferencia femenina de madre para la guardia y custodia de los menores. No obstante, las sentencias que establecen la custodia compartida han crecido en estós últimos años.


Este un paso más para conseguir una autentica socidad igualitaria en cuanto sexos en todos los sentidos. Pues si bien es cierto que hay que luchar contra la discriminación machista, el objetivo no ha de ser una discriminación feminista, si no, una situación igualitaria entre seres humanos.
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La vital importancia del Compliance Penal para empresas.
Desde Julio de 2015 el Código Penal ha sido reformado en distintos aspectos. Uno de ellos ha sido la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con una amplia regulación al respecto.


Tras esta regulación han sido numerosas las sentencias que condenaban a personas jurídicas (empresas) en cuyo seno se cometa un delito por un empleado o mando. Como es el caso, por citar alguna, de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo el 2 de septiembre de 2015 y el 29 de febrero de 2016.


No obstante, recientemente se ha dictado un auto del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de 11 de mayo de 2017. Este Auto ha sido dictado dentro del denominado "caso bankia" por el cual se exonera de responsabilidad penal a la consultora Deloitte. El juez Fernando Andreu concluye la investigación y abre procedimiento contra 34 personas físicas y contra Bankia y el Banco Financiero y de Ahorros (BFA).


Lo novedoso no es solo que se aplique el artículo 31 bis del Código Penal, según el cual, cuando una persona jurídica cuente con un plan de prevención de riesgos penales o compliance penal que cumpla con los requisitos del artículo citado, puede ser exonerada de responsabilidad penal; como ha sido el caso.


Como decía, la novedad no acaba ahí, si no que a su vez la Audiencia Nacional está aplicando el principio de la retroactividad de tipos dispositivos o penas que resulten más favorables al reo. Y esto es así al estar aplicando la Audiencia retroactivamente la regulación actual del artículo 31 bis del Código Penal, que permite eximir de responsabilidad a las empresas con manuales de compliance, previsión que, aunque no se recogía en la redacción de dicho artículo en el momento de la comisión de los hechos, se aplica ahora como norma más favorable.


No puedo dejar de destacar que se está hablando de exoneración de responsabilidad PENAL. Pero no se habla en ningún momento de responsabilidad CIVIL. Es más, tal y como establece este Auto, Deloitte sí continuará en la causa como responsable civil, al amparo de lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes del Código Penal y del artículo 11 de la Ley de Sociedades Profesionales. Es más, respecto a la "big four", como persona jurídica, el magistrado acuerda el sobreseimiento y archivo al entender que ha acreditado sobradamente que la misma cuenta con un "manual de compliance" que cumple con los requisitos legales, así como que para su gestión se cuenta con las suficientes herramientas, políticas y protocolos, que componen el llamado "sistema de control de calidad" adecuado para exigir al personal de la misma el cumplimiento de las normas profesionales, estableciendo medidas de vigilancia y control idóneas para evitar la comisión de ilícitos. Pero continuarán con su responsabilidad civil en el caso.


De ahí que tras esta nueva resolución judicial sea de vital importancia para las empresas y personas jurídicas, la instauración de un plan de prevención de riesgos penales o compliance penal. Estos planes son mucho más que una simple gestión de la protección de datos. Son planes estratégicos, precisos para cada sector o departamento de la empresa en cuestión, que puede evitar la comisión de conductas ilícitas por parte del personal de la empresa, aún cuando dichas conductas no se realicen con una intencionalidad delitictiva. Así mismo, y en caso de caer en un hecho que pudiera catalogarse como delictivo; contar con éstos planes puede ayudar a exonerar la responsabilidad penal.


Si bien es cierto que la responsabilidad civil seguirá pendiente, pero no hay que olvidar las consecuencias jurídico penales que puede tener una empresa condenada por una conducta penal; puesto que a modo de ejemplo, en el caso expuesto en el Auto citado, cuando una persona jurídica es condenada penalmente, puede conllevar una multa de o bien hasta 9 millones de euros o bien hasta el quíntuplo del beneficio obtenido; la imposibilidad de contratar con la Administración o, incluso, la suspensión de sus actividades, clausura de sus locales o hasta su posible disolución (artículo 33. 7 del Código Penal), en los casos más flagrantes.
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El divorcio colaborativo
Comienza a implantarse en nuestro país el llamado Derecho Colaborativo. El Derecho Colaborativo nació en Estados Unidos hace 25 años, y consiste en resolver conflictos negociando, abandonando expresamente los tribunales y colaborando con otros profesionales como coaches, mediadores, economistas, psicólogos, etc.


Uno de los sectores en los que comienza este tipo de derecho en nuestro país es en los divorcios. Obviamente no en todos los divorcios puede darse esta modalidad; solo en los divorcios de mutuo acuerdo, o en la que ambos cónyuges (futuros excónyuges) tienen la suficiente madurez emocional como para comprender que el matrimonio se acaba, pero ser padres es de por vida e implica la necesidad de intentar unir fuerzas por el bien de los menores.


La práctica es fundamental para este tipo de situaciones, dado que hay situaciones en las que es imposible realizar una ruptura conyugal de mutuo acuerdo, y otras, en las que siendo posible, ni si quiera las partes se han dado cuenta de ello. De ahí que sea de vital importancia no solo los conocimientos jurídicos, si no la experiencia práctica y poder llegar a distinguir este tipo de situaciones.


Si bien el Derecho Colaborativo no es la solución definitiva para agilizar las separaciones y divorcios, bien es cierto que es una herramienta útil para determinadas situaciones. Algo innovador que puede agilizar parte de los expedientes de separación, que a su vez repercutirá en el resto de expediente contenciosos, ya que no llegarán a colapsar los tribunales agilizando este tipo de asuntos.
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Preparados para las reclamaciones de las cláusulas suelo.
Los tribunales se preparan para las reclamaciones de las cláusulas suelo. Y es que a pesar de contar ya con bastantes resoluciones judiciales sobre este asunto, y pese al RDL 1/2017, ya se preve que las entidades bancarias no cumplan efectivamente con las reclamaciones o que no lo hagan de una forma satisfactoria.


"Se trata de evitar el colapso de los tribunales y permitir que todo el proceso se lleve a cabo con las debidas garantías para el consumidor". Estas fueron las palabras del Ministerio de Economía del pasado 20 de enero para justificar la aprobación de un sistema extrajudicial gratuito para que lso consumidores afectados pudieran reclamar la devolución de las cláusulas suelo cobradas indebidamente tras la resolución del Tribunal de Justicia de la UE. Pese a chocar de frente con la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de aprobar la creación de cincuenta y cuatro juzgados especializados de primera instancia.


"El decreto ha demostrado no sólo un monumental fracaso en la defensa de los consumidores, sino su propio carácter engañoso y de protección del sector bancario", explican desde la asociación de consumidores Adicae. "Iba a ser una solución global y no ha funcionado", señala Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).


Desde el Consejo General del Poder Judicial, intentan adelantarse a un problema que ya colapsa el correcto funcionamiento de los Juzgados españoles; alqo que conocemos los que tratamos con los juzgados de cerca.


Esta medida se materializará en nuestra provincia con la próxima especialización del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Murcia.


Aún así, desde el Gobierno se ha aprobado una comisión de seguimiento encargada de comprobar que se devuelva el dinero cobrado a los consumidores por las cláusulas suelo, según avanza Efe. Esta comisión creada el pasado viérnes 26 de Mayo contará con usuarios y abogados.


Estas son las guías principales de actuación de esta Comisión:


- Recabará y evaluará la información que le traslade el Banco de España obtenida de las entidades de crédito.


- Publicará un informe semestral que reflejará: 1) el número de solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no (con el motivos del desacuerdo); 2) el importe correspondiente a las citadas solicitudes; 3) el número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que hayan ofrecido a los consumidores.


- Estarán presentes en la comisión sendos representantes de los consumidores (Consejo de Consumidores y Usuarios) y de los abogados (Consejo General de la Abogacía Español), aparte de miembros de la Asociación Hipotecaria Española, del CGPJ, del ministerio de Sanidad, de Justicia y de Economía y el subgobernador del Banco de España, que presidirá la Comisión.


Con estas medidas del Gobierno y el CGPJ parece que podemos tener buenas espectativas desde los despachos de abogados de Murcia que nos dedicamos a la reclamación de cláusulas abusivas en contratos en general y la reclamación en Murcia de la cláusulas suelo en particular.
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La Retroactividad de la Cláusula Suelo
Dos nuevas sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza vienen a ratificar la retroactividad de la cláusula suelo.


Es importante tener en cuenta que cada vez más los tribunales españoles están aplicando el criterio del TJUE, según el cual, hay que impedir la aplicación de las cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores.


Con bastante retraso, nuestro Tribunal Supremo ha venido ratificando al TJUE (como no podía ser de otra manera); por lo que en su Setencia de 14 de Junio de 2012 ya establecia que las cláusulas abusivas no se moderan por los tribunales, se expulsan del contrato.


Recientemente, en la setencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de Febrero de 2017, nuestro alto tribuanl hace suya por completa la doctrina del TJUE de la retroactividad total de la cláusula suelo. Sin límite temporal.


Esta doctrina junto con la triple protección que se realiza a todo contrato desde la Directiva 93/13/CEE, hace que los tribunales españoles tengan la obligación proteger al consumidor de oficio, sin aplicar el principio de justicia rogada (principio por el que los tribunales resuelven únicamente sobre lo que las partes les proponen, sin que el juez pueda resolver sobre algo que no se le ha pedido, algo que no se le ha rogado) y como recogen las setencias expuestas, apliquen la nulidad de las cláusula abusivas desde el inicio del contrato, es decir, de forma retroactiva.


Las sentencia de la Sala Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza aplican ya estas doctrinas, dando pronunciamientos favorables al consumidor sin llegar aún al Supremo. A pesar del contrato de novación y renuncia, la Audiencia Provincial de Zaragoza aplica de oficio la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y concede la retroactividad total, aunque no se pidió en primera instancia.


La Audiencia Provincial de Zaragoza en esta sentencia "aplica de oficio la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y concede la retroactividad total, aunque no se pidió y no se enjuició en primera instancia. La Audiencia Provincial pretende impedir que esas sentencias queden firmes con devoluciones parciales a los clientes y que estos no puedan volver a reclamar", según indica Alberto Sanjuán, abogado en Cross Abogados, aelEconomista.es.


Gracias al TJUE y a los constantes "tirones de orejas" que ha hecho a España y sus tribunales, estamos consiguiendo que se aplique el Derecho Europeo (cuya aplicación tiene primacia sobre el derecho nacional) desde el 2016 y 2017 de una forma completa y correcta; pese a que la Directiva que se aplica originalmente sea del año 1993 y cuya respuesta por nuestro estado sea un Real Decreto Ley de 2017, que bien merece un comentario a parte.


Esto nos alienta a los juristas que venimos reclamando tanto judicial como extrajudicialmente, la anulación de las cláusuas abusivas, así como los contratos y acuerdos externos realizados por las entidades bancarias para sustraerse a la correcta aplicación del Derecho.
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