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Zohar Abogados
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PROPIEDAD INTELECTUAL: DERECHO DE AUTOR Y PATENTES

La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: inventos, obras literarias y artísticas, también símbolos, nombres e imágenes utilizados de forma comercial.
El método de propiedad intelectual intenta fomentar un entorno propicio para que puedan prosperar la creatividad y la innovación, equilibrando el interés de los creadores y el interés público. La propiedad intelectual se encuentra protegida por la ley a través de las patentes, el derecho de autor y las marcas, esto permite conseguir reconocimiento o ganancias, según sea el caso, por las creaciones o inventos.
Tipos de propiedad intelectual:

Derecho de autor · Patentes · Marcas · Diseños industriales · Indicaciones geográficas

Hemos dividido el tema en dos posts, en este hablaremos sobre los dos primeros puntos de la propiedad intelectual: derecho de autor y patentes. En una segunda parte ampliaremos la información sobre los otros tres puntos.

DERECHO DE AUTOR

En términos jurídicos, la expresión «derecho de autor» se usa para referirse a los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se pueden amparar bajo el derecho de autor van desde libros, música, pintura, esculturas y películas hasta programas informáticos, bases de datos, anuncios publicitarios, mapas y dibujos técnicos.

El derecho de autor concierne a la vida diaria. Las cuestiones de derecho de autor están presentes cuando se lee un libro, se mira una película, se transfiere música o se toma una fotografía.

¿Qué puede ser amparado por derecho de autor?

Si bien la legislación no suele contener una lista muy específica de las obras que ampara el derecho de autor, de modo general, las obras que de habitualmente están protegidas por el derecho de autor en todo el mundo son las siguientes:
- Las obras literarias como las novelas, los poemas, las representaciones escénicas, las obras de referencia, los artículos periodísticos.
- Los programas informáticos y las bases de datos.
- Las películas, las composiciones musicales y las coreografías.
- Las obras artísticas como los cuadros, los dibujos, las fotografías y las esculturas.
- La arquitectura.
- Los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos.

La protección del derecho de autor abarca sólo las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. El derecho de autor puede amparar o no elementos como los títulos, los lemas o logotipos, dependiendo de que la paternidad de la obra sea suficiente.

El derecho de autor abarca dos tipos de derechos:

- Derecho patrimonial, permite que el titular de los derechos obtenga compensación financiera por la utilización de sus obras por terceros.
- Derecho moral, protege los intereses no patrimoniales del autor.

En la mayor parte de los casos, al establecer el derecho de autor se estipula que el titular de los derechos goza del derecho patrimonial a autorizar o impedir determinados usos de la obra o también, según el caso, a recibir una remuneración por el uso de la misma.

El titular de los derechos patrimoniales de una obra puede prohibir o autorizar:

- la reproducción de su obra de varias formas, como la publicación impresa o la grabación sonora;
- la interpretación o ejecución públicas, por ejemplo en una obra dramática o musical;
- la grabación de la obra, por ejemplo en forma de discos compactos o DVD;
- la radiodifusión de la obra por radio, cable o satélite;
- la traducción de la obra a otros idiomas; y
- la adaptación de la obra, como en el caso de una novela adaptada para un guión.

Entre los ejemplos de derechos morales universalmente reconocidos están el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y el derecho a oponerse a toda modificación de la obra que pueda perjudicar la reputación del creador.

En la mayoría de los países, y conforme a lo que se dispone en el Convenio de Berna, la protección del derecho de autor se obtiene automáticamente sin necesidad de efectuar ningún registro ni otros trámites.

En la mayoría de los países, sin embargo, existe un sistema de registro y depósito facultativo de obras; estos sistemas facilitan, por ejemplo, las aclaraciones de las controversias relacionadas con la titularidad o la creación, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de derechos.

PATENTES

Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En líneas generales, la patente faculta a su titular para decidir si su creación puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué manera. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente publicado, el titular de dicha patente pone a disposición del público la información técnica relativa a su invento.

En principio, pues, el titular de la patente goza del derecho exclusivo a impedir que la invención patentada sea explotada comercialmente por terceros. Es decir, la protección por patente implica que una invención no se puede producir, usar ni distribuir con fines comerciales, así como tampoco vender, sin que intervenga la aprobación del titular de la patente.

Las patentes son derechos territoriales. Por lo general, los derechos exclusivos correspondientes tienen validez únicamente en el país o región en los que se ha presentado la solicitud y ha sido concedida la patente, de conformidad con la normativa de ese lugar. La protección se adjudica por un período limitado, que suele ser de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Si desea ampliar información sobre registros de propiedad intelectual, escríbanos a info@zoharabogados.com.
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En el actual panorama mercantil español las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros constituyen un excelente mecanismo con importantes ventajas fiscales y legales para grandes inversores.

Las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)* permiten cobrar y distribuir dividendos y otras rentas sin pagar impuestos en España. Además, gracias a los acuerdos de doble imposición firmados con otros países, tampoco tienen que tributar en el país en el que termina el dinero.

Podemos decir, que el objetivo de regular estas figuras es lograr atraer al ordenamiento jurídico de turno —en este caso España— la gestión de capitales. De modo tal que inversiones internacionales sean dirigidas desde el país que regula la sociedad holding.

En el caso español, los beneficios fiscales son sumamente importantes: están exentos de pago la entrada y la salida de capitales, los dividendos, beneficios y plusvalías generados por las empresas extranjeras participadas por las ETVE. Sólo la inversión que realicen para desarrollar su actividad dentro de España queda sujeta a tributación; aunque sí pueden deducirse los gastos.

Las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros se encuentran reguladas en la Ley 27/2014, de Impuesto sobre Sociedades en España y constituyen un régimen fiscal especial y favorable para las sociedades españolas que posean participación en fondos propios de entidades no residentes en España.

Principales requisitos de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros

Para que una sociedad pueda ser considerada ETVE ha de cumplir ciertos requisitos**, a saber:

Que el objeto social comprenda la actividad de gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales.
Que los valores o participaciones representativos de la participación en el capital de la ETVE sean nominativas.
Que la participación en la participada sea como mínimo del 5% o su valor absoluto alcance los 6 millones de euros, además de ser poseída durante un período mínimo de un año para beneficiarse de la exención mencionada al principio.
Que la participada esté gravada por un impuesto equivalente al IS y entre el Estado extranjero y el Español exista un Convenio para evitar la doble imposición.
Este régimen fiscal beneficia especialmente a los inversores extranjeros que eligen España como ubicación para la holding tenedora de participaciones en filiales de uno o varios países. Esto conduce a que, en la mayoría de los casos, los administradores no sean residentes y este hecho requiere de un trato especial, pues, aunque los Administradores no residentes deberán solicitar un NIE español, en dicha sociedad el interés reside en la obligación de mantener ciertas actividades como realizadas en España, es decir, se entiende que la compañía debe tener ciertos medios personales y materiales en territorio español.

Una de las recomendaciones habituales es que la ETVE tenga un administrador residente en España, dando lugar con frecuencia a consejos de administración con varios miembros no residentes y uno residente.

Sin embargo, en caso de nombrar un administrador único que fuese no residente, lo recomendable sería nombrar a un apoderado en España para representar a la compañía ante las autoridades públicas. Asimismo, el administrador único no residente deberá presentarse ocasionalmente en España para llevar a cabo funciones que no podrá delegar:

Rendición de cuentas de la gestión social.
Presentación de balances a la Junta General de socios.
Otros asuntos no delegables según los Estatutos de la sociedad.
Pese a las modificaciones importantes a este régimen fiscal en la actualidad, y los requisitos estrictos que deben cumplirse, se trata de un régimen fiscal muy favorable para entidades españolas que posean participación de los fondos propios en entidades no residentes. Es un régimen fiscal realmente atractivo para las sociedades con operaciones en varios países y que establezcan su holding en España.
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La Ley de Sefardies, una salida a los británicos de origen judío-español tras el Brexit

La Ley de Sefardíes, aprobada hace dos años, puede beneficiar a los británicos que puedan probar su origen sefardí. De esta forma, a pesar de que el Reino Unido no tiene convenio de doble nacionalidad con España, los futuros nuevos españoles pueden ser incluidos bajo esta excepción que prevé la Ley, de manera que no se vean en la necesidad de renunciar a la nacionalidad británica a cambio de obtener la española. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, El Brexit, se hará efectiva en un par de años y provoca que los solicitantes tengan que acelerar sus gestiones, ya que el plazo termina en septiembre de 2018, con una posible prórroga de un año más.
Algunos expertos señalan que el pasaporte de Reino Unido sufrirá las consecuencias del Brexit. La salida oficial del país de la Unión Europea, harán que tengan estatus de ciudadanos no comunitarios con las consecuencias sociales, académicas, turísticas o económicas que eso supone.
Aunque muchos inversores británicos no se plantean vivir en España, si pueden conseguir el pasaporte español, el tercero más poderoso del mundo y permite acceder a más de 158 países sin restricciones, así como agilizar operaciones comerciales en nuestro país. Tras modificarse el artículo 23 del Código civil español, se establece que «quedan a salvo del requisito de renunciar a su anterior nacionalidad los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24 y los sefardíes originarios de España».

Por ello, los británicos que puedan probar su origen sefardí —a pesar de que el Reino Unido no tiene convenio de doble nacionalidad con España— pueden ser incluidos bajo esta excepción que prevé la Ley, de manera que no se vean en la necesidad de renunciar a la nacionalidad británica a cambio de obtener la española.

Poco tiempo para mucho trámite

Todos los interesados tienen de plazo hasta septiembre de 2018, pero en la mayoría de los casos, el estudio de cada expediente puede llevar muchos meses, ya que normalmente cuesta localizar o contrastar la documentación necesaria. “La historia de los judíos ha estado marcada por el destierro, y tampoco ha ayudado la eliminación de familias enteras en la Shoá (Holocausto). Muchas veces hay que tirar del árbol genealógico”, explica Hanna Zohar, experta en Extranjería, además de especialista en Derecho internacional de los negocios.
Según la disposición adicional primera de la Ley 12/2015 se establece que «los interesados deben formalizar su solicitud en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la presente Ley», es decir, a partir del 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2018, también indica que «dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo del Consejo de Ministros un año más».

Un proceso complejo para demostrar los orígenes

Hanna Zohar, experta en Extranjería además de especialista en Derecho internacional de los negocios, comparte sus reflexiones sobre cómo ha sido el proceso durante este tiempo:

«Haber atendido a tantas personas me ha permitido comprobar que, aunque se trata de una Ley que repara una injusticia histórica —y eso tiene mucho valor— se queda corta. Considero, como abogada, que es muy importante que, en efecto, el Consejo de ministros amplíe la ley durante un año más porque a pesar de los buenos resultados que se están obteniendo, los plazos para presentar las solicitudes son insuficientes en virtud de varios factores: en primer lugar muchas personas tardaron en enterarse de la existencia de esta Ley, y ese es un margen que, por supuesto, debe ser considerado al promulgar una legislación de este tipo».

Por otro lado, llevar a cabo el proceso completo requiere cierto tiempo: hay que recabar mucha información para poder demostrar los orígenes, recopilar documentación histórica, elaborar árboles genealógicos, estudios de apellido, presentar exámenes de conocimiento cultural, y también de idioma para los solicitantes provenientes de países de habla no hispana… hasta el momento no se han presentado más de 7000 solicitudes en la plataforma del Ministerio de Justicia.

No hay plazas en el Instituto Cervantes para finalizar los procesos

Otro punto tiene que ver con los exámenes que se han de presentar, uno, para todos los solicitantes, es el de conocimiento sociocultural de la realidad española y el otro es de idioma español, para aquellos solicitantes de habla no hispana. La Ley establece que estos exámenes de español deben ser gestionados por el Instituto Cervantes, pero no hay centros en todos los países, además, hay un número bajo de convocatorias, por lo tanto las plazas se llenan muy rápido y esto limita a muchos solicitantes. Hay algunos países en los cuales ya no quedan plazas hasta el año que viene.

Evidentemente, si la Ley exige la superación de estas pruebas como requisito indispensable para obtener la nacionalidad española por esta vía, se debe garantizar que existan suficientes plazas para que no haya desigualdades entre unos y otros solicitantes por el mero hecho de no encontrar cupo para estas pruebas: se debe ampliar el número de convocatorias de los exámenes.

Sería deseable que la Ley para sefardíes se flexibilizara también en otros aspectos relacionados con el origen, pues aunque es obvio que deben cumplirse requisitos para legalizar cualquier ciudadanía, no hay que perder de vista el hecho de que estamos hablando de demostrar un vínculo que se remonta a más de 500 años de historia.

En ocasiones este proceso resulta más fácil para quien practica la religión judía, pues puede probar su condición sefardí a través de un certificado emitido por una autoridad rabínica, mientras que a aquellas personas que no son practicantes, pero aseguran tener origen sefardí, se les hace difícil demostrarlo debido a las conversiones, la diáspora y el tiempo transcurrido desde la expulsión.

La Ley establece varios requisitos para que una persona pueda probar su origen sefardí, que no han de cumplirse todos, sino que se valorarán en su conjunto aquellos que sean aportados. Se deben admitir documentos no relacionados con la práctica de la religión pero sí con el origen concreto, tales como certificados o informes genealógicos, estudios de linaje u otros que prevé la misma Ley.

“Ya que se trata de una Ley con espíritu reivindicativo y conciliador, esperamos que se tomen en cuenta estos factores para permitir a aquellos a quienes se dirige que puedan beneficiarse de ella. Es necesario reformar la ley para simplificar los requisitos del procedimiento y ampliar los plazos”, añade Zohar.

Ley que responde a una reparación histórica

En el año 1492 los judíos fueron expulsados por los Reyes Católicos, del territorio que en la actualidad es España, a través del Edicto de Granada, que obligaba a la conversión forzada o, en su defecto, a la expulsión. Más de 500 años después, a modo de recompensa histórica, se aprueba en España una Ley que permite a los descendientes de esos judíos desterrados recobrar la nacionalidad de la que fueron despojados.

La ley fue aprobada en junio de 2015 para luego entrar en vigor el 1 de octubre del mismo año, de manera que hasta el 2016 no hubo las primeras concesiones de nacionalidad española amparadas en esta ley; pues el procedimiento requiere de la compilación de una serie de pasos, documentos probatorios y presentación de exámenes, dejando aparte el tiempo que requiere la administración para gestionar cada solicitud.

5787 nuevos españoles de origen sefardí

A dos años de la aprobación de la Ley 12/2015 que concede la nacionalidad a los sefardíes de origen, el número de personas que ya han obtenido la nacionalidad española se sitúa en 1.265 casos, sin contar los 4.522 sefardíes que la han adquirido por Real Decreto, dado que esas solicitudes ya se encontraban en distintas fases de tramitación cuando entró en vigor la norma.

Según concreta el Ministerio de Justicia, “pueden acogerse al procedimiento previsto en esta Ley, todos aquellos sefardíes que prueben dicha condición y una especial vinculación con España, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país y sin tener que renunciar a su actual nacionalidad”. Por tanto, la condición de sefardí y la vinculación con España son requisitos que deben coexistir necesariamente. La nacionalidad española se obtiene por una carta de Naturaleza.

No hay que olvidar que hay una parte de los solicitantes con la intención de venir a vivir este país, y otros que, ya están residiendo en España, por estudios o por algún negocio, existe un porcentaje alto de estos nuevos españoles que quieren ostentar la ciudadanía únicamente por motivos personales, casi románticos, en lo que consideran un acto de justicia histórica.

Desde el bufete Zohar Abogados aseguran que el balance hasta la fecha es relativamente satisfactorio. Actualmente se encuentran a la espera de resolución cientos de expedientes que con certeza serán ciudadanos españoles muy pronto.
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Notarios: bodas y divorcios, capitulaciones matrimoniales y parejas de hecho

Cada año acuden a las notarías españolas muchos ciudadanos para llevar a cabo numerosos actos, como hacer testamentos, comprar bienes inmuebles, crear empresas, casarse o divorciarse, por ejemplo. El notario, como funcionario público del Estado, debe asesorar de forma imparcial y garantizar a los ciudadanos que sus actos o acuerdos son seguros y que se ajustan a la ley vigente.

Los notarios y las parejas

La rigurosa preparación jurídica del notariado español, y la agilidad en los trámites, son algunas de las ventajas de casarse, separarse o divorciarse ante notario. Veamos su papel en las relaciones jurídicas de las parejas en tres supuestos:

Bodas y divorcios

Es importante destacar que, a partir del mes de julio de 2015, con la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, los ciudadanos pueden acudir a cualquiera de los más de 2.800 notarios españoles para contraer matrimonio, separarse o divorciarse (siempre que no existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores).

¿Cuáles son los pasos necesarios para casarse, separarse o divorciarse ante notario?

Capitulaciones matrimoniales

Realizar capitulaciones matrimoniales ante notario proporciona tranquilidad y seguridad al saber que se actúa dentro de la Ley y que lo acordado es incuestionable.

Las capitulaciones matrimoniales son el contrato mediante el cual son definidas las normas que regulan la relación económica del matrimonio. Es una escritura pública en la que también es posible incluir otros aspectos como las donaciones recibidas de los padres, normas de convivencia o pactos en previsión de la ruptura del matrimonio, siempre que no sean discriminatorios.

Aunque cada comunidad autónoma se rige por un régimen económico del matrimonio específico, ya sea el de bienes gananciales o el de separación de bienes u otro, los cónyuges pueden hacer capitulaciones para cambiarlo si así lo desean.

Las capitulaciones matrimoniales pueden ser prenupciales o postnupciales. Aunque no existe un límite en el número de veces que se puede cambiar el régimen económico del matrimonio, hay que tomar en cuenta que siempre hay que realizar una escritura pública de capitulaciones matrimoniales ante notario para modificar la anterior.

Régimen económico que rige en cada Comunidad autónoma

Bienes gananciales: Mayor parte de España

Separación de bienes: Cataluña y Baleares.

Normas especiales (similar a los gananciales): Aragón, Navarra y parte de Vizcaya.

Parejas de hecho

Las uniones de hecho suponen una alternativa para aquellas parejas que desean establecer un compromiso pero no quieren contraer matrimonio. Una de las vías para la constitución de la pareja de hecho es ante notario, con validez en todo el Estado.

Si una pareja acude a una notaría para formalizar una unión de hecho, el notario redactará la escritura pública en la que ambos reconocerán convivir de forma marital; les explicará las posibilidades existentes para regular su economía y les asesorará sobre cuestiones relacionadas con su descendencia y su sucesión, entre otros asuntos.

Para que dos personas puedan constituirse en pareja de hecho deben cumplir una serie de requisitos:

1. Ser mayores de edad o emancipados y no estar casados ni ser pareja de otra persona.
2. Estar empadronados, al menos uno de los miembros de la pareja, en la comunidad autónoma en la que tendrá lugar la declaración formal.
3. Manifestar públicamente su compromiso.
En nuestro país no existe una normativa nacional que regule las parejas de hecho. Hasta el momento 13 comunidades autónomas han promulgado leyes al respecto, con importantes diferencias entre ellas. Las cuatro restantes, aunque no tiene ley, regulan mediante decreto los registros de parejas de hecho. Por eso es tan importante declararse formal y públicamente pareja de hecho y acordar en escritura pública aspectos de enorme trascendencia, como los económicos y hereditarios, por ejemplo.

Disolución de la pareja de hecho

El acuerdo de separación de una pareja de hecho también puede ser formalizado ante notario y en escritura pública, con las ventajas de asesoría, legalidad y fe pública propias de la función notarial.

Si ambos miembros de la pareja de hecho están de acuerdo en su separación, sólo tendrán que ir a la notaría y otorgar ante notario la escritura de disolución, en la que se recogerán también las condiciones, efectos y consecuencias de la separación, como, por ejemplo, la liquidación de bienes comunes.

Si no existe mutuo acuerdo, en algunas CC.AA bastará con que uno solo de ellos acuda a un notario y notifique fehacientemente al otro su decisión de ruptura; aunque es recomendable que vayan ambos para que el proceso sea más rápido y las dos partes estén igualmente asesoradas sobre las consecuencias de su decisión.

La pareja también se extingue si cesa la conveniencia, si muere alguno de los convivientes o si alguno de ellos contrajera matrimonio.

¿Existen diferencias entre el matrimonio y la unión de hecho?

Sí, y es importante conocerlas porque afectan a la seguridad jurídica de los miembros de la pareja. Al no existir regulación unitaria en toda España, las consecuencias jurídicas del matrimonio y la pareja de hecho sin muy diferentes en las distintas comunidades autónomas.

Aunque hay aspectos en los que el matrimonio y la pareja de hecho tienen idéntica repercusión, hay puntos en los que difieren y en los que conviene ser previsor y acudir al notario a asesorarse para evitar posibles complicaciones en el futuro:

El notario como mediador

La mediación en casos de separación o divorcio es una opción muy extendida en otros países y cada vez más en el nuestro. Las parejas aceptan la intervención de un mediador para tratar e alcanzar una serie de acuerdos, como el reparto de los bienes en común o el cuidado y relación con los hijos.

Es posible elegir a un notario como mediador ya que su formación y función le hace muy indicado, así como recoger el acuerdo en escritura pública, de forma que ninguna de las partes pueda desdecirse o negar lo acordado.

La mediación en conflictos de pareja ahorra tiempo y dinero y, además, disminuye el coste emocional de la pareja e, incluso, de los hijos.
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Registro de parejas estables en Cataluña
Con la creación del Registro de parejas estables de Cataluña, el Departamento de Justicia garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a un registro de parejas estables, independientemente de su lugar de residencia.
El Registro de parejas estables en Cataluña entró en vigor el pasado 1 de abril de 2017, con la intención de convertirse en un eficiente medio probatorio de la existencia de una pareja estable para las personas que deseen inscribirse como tales. En dicho registro se inscribe la pareja y, si llega el caso, la extinción de la misma.
El trámite no tiene coste y permite, entre otros beneficios, que en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el otro tenga derecho a la pensión de viudedad, aunque no hayan contraído matrimonio, pues este registro se considera prueba suficiente del establecimiento de la pareja.
Con antelación a esta fecha, sólo en algunos ayuntamientos catalanes se admitía este registro, hecho que entorpecía a muchas parejas —tanto heteros como homosexuales— las posibilidades de regularizar su situación al constituirse como pareja de hecho, pues la gestión sólo se podía llevar a cabo en el municipio donde estuviese asentado el empadronamiento. No obstante, era posible hacerlo a través de un notario, pero entonces ya no era un trámite gratuito.
Una pareja estable es la formada por dos personas, mayores de edad, que conviven de igual manera que en una sociedad matrimonial, pero sólo si esta convivencia es mayor a dos años ininterrumpidos, tienen un hijo en común o formalizan la relación por escrito notariado.
En cuanto a los derechos sucesorios, la reagrupación familiar en el caso de extranjeros y las compensaciones económicas cuando se produce una separación, el Código Civil de Cataluña equipara los derechos y las obligaciones de las parejas estables con los matrimonios convencionales.
En el caso de las parejas que no tengan hijos o con una convivencia menor a dos años también es posible inscribirse en el registro, sin embargo, antes han de constituirse como pareja estable ante notario. Por otro lado, cuando la convivencia es superior a ese periodo o la pareja ha tenido un descendiente, únicamente hace falta un certificado de empadronamiento o el libro de familia.

Mira en el enlace nuestro cuadro con las Diferencias entre matrimonio y pareja estable.
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Negocios en Europa gracias a la deseada Visa Oro de España
En el año 2013 el Gobierno español introdujo una ley para permitir la obtención de la residencia en España a personas que pudiesen hacer una inversión, o bien, se tratase de perfiles profesionales altamente cualificados, se trata de la famosa spanish golden visa.
Este es un buen momento para invertir en España, a más de tres años vista, gracias a este visado de oro, el número de inversores extranjeros en España se ha cuadriplicado. La mayor parte de las inversiones se realizaron en el sector inmobiliario, y han sido las fortunas chinas y rusas las que más se han beneficiado de esta ley desde su entrada en vigor en septiembre de 2013, ya que los millonarios chinos y rusos suman casi el 60% de la inversión total.
El uso de este tipo de visado está ampliamente extendido en otros países de Europa, sin embargo, hasta el 2013 no existía en España. A partir del momento en que el gobierno español dio inicio a esta regulación, los extranjeros no comunitarios comenzaron a tener la posibilidad de conseguir la deseada Visa Oro de España: el permiso de residencia y trabajo en España a cambio de inversiones.
Pueden acceder también a un visado especial quienes sean investigadores, trabajadores altamente cualificados o empleados de una empresa que se traslade a España, siempre que sus perfiles encajen dentro del llamado «profesional altamente cualificado».
En el caso de las inversiones, el solicitante tiene que acreditar un desembolso que iguale o supere los dos millones de euros en deuda pública española, o bien un millón en acciones, participaciones o depósitos radicados en España; también existe la opción de adquirir un inmueble situado en territorio nacional por un valor no menor a los 500.000 euros. 
La deseada Visa Oro de España permitirá al inversor extranjero residir en España y desplazarse por toda Europa promoviendo así el mercado inmobiliario español.
Otras opciones que permiten la obtención de este visado son inversiones tales como proyectos empresariales que generen empleo, tengan un impacto relevante en la región donde se desarrollen o que impliquen un aporte significativo a la innovación tecnológica o científica.
En todos los casos, el solicitante deberá certificar que no tiene antecedentes penales y que cuenta con los recursos económicos para su manutención (sobre los 2.130 euros mensuales más unos 530 euros por familiar).
Las visas se otorgan por dos años, y pueden renovarse después de ese tiempo si se siguen cumpliendo los criterios para otorgarla.
El mayor número de permisos de residencia y trabajo se ha destinado a profesionales cualificados entre los que sobresalen los venezolanos, seguidos de chinos y estadounidenses. También abundan expedientes por traslado intraempresarial: este apartado es dominado por estadounidenses y chinos, provenientes de empresas que han decidido internacionalizarse. Por último, figuran los visados de formación o investigación: encabezados por colombianos, indios, chinos, mexicanos e iraníes.

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POR QUÉ ES BUEN MOMENTO PARA INVERTIR EN ESPAÑA

España se encuentra ahora en un magnífico momento para recibir inversiones, en especial si estas se enfocan en el mercado inmobiliario, pues hacía ya bastante tiempo que los indicadores económicos no eran tan positivos como ahora. Uno de los termómetros de la economía es la concesión de préstamos hipotecarios, que no ha dejado de aumentar, así como el índice de precios de viviendas en alza hasta niveles que no se veían desde el 2007.

Al considerar los posibles escenarios para realizar una inversión, España presenta uno de sus mejores momentos. He aquí algunas claves a considerar.

Inversiones inmobiliarias en territorio español

Dado que en este momento los precios de las viviendas e inmuebles están relativamente bajos, mientras que el tejido empresarial y el ámbito laboral están en plena recuperación, tras estudiar bien las posibilidades se debe tomar una decisión rápida, pues los precios comenzarán a subir. ¡Este es el momento de invertir!

Todas las posibilidades y opciones de inversión

Es vital sopesar todas las opciones y posibilidades, dependiendo de la capacidad económica y de la previsión de ingresos, para llevar a cabo el proceso de inversión con unos objetivos bien definidos. La pregunta clave es: ¿cuál es la operación que promete mejores beneficios a mi inversión?

Oportunidades

España ofrece excelentes oportunidades empresariales en sectores en expansión. Nuevas tecnologías de la comunicación, automoción, aeronáutica, medio ambiente y farmacéutico, químico y biotecnología son sólo algunos ejemplos.
Los inversores extranjeros pueden acceder a los interesantes incentivos fiscales que ofrecen las distintas administraciones para estimular la investigación, el desarrollo y la innovación. El papel de España como miembro notorio de la UE y destacada economía de la zona euro posibilita, además, el acceso a programas europeos de ayuda.
La economía española está entre las que plantean menos restricciones a la inversión extranjera directa.

Para tomar la decisión de iniciar una inversión fuera de las propias fronteras es necesario derribar ciertas barreras, y la más grande de todas es el desconocimiento del mercado que nos interesa, no sólo en referencia a la legislación sino también a las tradiciones y maneras de hacer las cosas que cada región tiene.

He aquí algunas ideas, a modo de pequeña guía, sobre algunos aspectos a los que debe prestar atención si decide invertir en ciudades españolas tales como Barcelona o Madrid:

∫ Es mejor realizar inversiones que pueda «trasladar» a su país. Por ejemplo, en lugar de comprar para ir en contra del mercado europeo, obtendrá mejores rentabilidades combinando el conocimiento y los sistemas de gestión europeos adquiridos aplicados a su propio mercado.

∫ No intente vender como se estila en su país de procedencia, debe hacerlo como se hace en el sitio donde desea invertir. Lo mejor es aceptar las «reglas del juego» locales, del mismo modo en que asume que quien invierta en su país debe adaptarse.

∫ En Europa se desarrolla el mundo de la inversión desde hace muchísimo tiempo, producto de esta experiencia existen metodologías cuya eficiencia está ya sobradamente examinada y comprobada, por lo tanto, se aplican a cualquier negocio de manera sistemática, independientemente de la procedencia del inversor.

∫ Es poco prudente confiar en cualquier rumor, informaciones que encuentre en Internet e incluso noticias de prensa en su país de origen, que pueden ser poco acertadas. Lo mejor es encontrar un agente local que pueda asesorarle de forma correcta y certera, sobre el terreno, de manera que tenga una imagen clara y actualizada de la viabilidad de su proyecto, beneficios reales y posibles riesgos.

∫ Aunque es verdad que el exceso de confianza puede acarrearle importantes pérdidas, si desconfía demasiado no concretará el negocio adecuado.

∫ Es importante que defina bien su propio proyecto y sea capaz de explicarlo con claridad a su representante o agente local, de manera que las acciones y estrategias de ambos estén coordinadas para atrapar al vuelo las oportunidades en el momento adecuado dentro del plan establecido.

Creer que existen inversiones con riesgo cero es una fantasía... toda inversión está asociada a un riesgo, de manera que su objetivo —y el de su asesor en España— es minimizar riesgos y maximizar la rentabilidad de su inversión. Las inversiones extranjeras en España son muy bien recibidas sin que tenga relevancia la procedencia de los inversionistas.

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Si desea ampliar esta información, o hacer alguna consulta sobre una idea de negocio o inversión, contáctenos en info@zoharabogados.
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Muchas personas se plantean adquirir la nacionalidad española y, por lo tanto, conseguir las ventajas de la doble nacionalidad con España.
Algunas personas tienen derecho al pasaporte español dados sus orígenes —bien sea porque sus padres o abuelos son españoles o gracias a su ascendencia sefardí—, también están aquellos extranjeros, ya residentes en España, que desean establecerse definitivamente como ciudadanos.
El planteamiento de iniciar el proceso de obtención de la nacionalidad española genera una multitud de dudas, ¿es posible conservar la nacionalidad original? ¿Cuáles son las ventajas de la doble nacionalidad con España?
La nacionalidad española se ha convertido en una de las más codiciadas en la actualidad —en especial para inversores del continente americano— debido a su privilegiada posición en el ranking mundial de pasaportes, pues se encuentra en el tercer lugar, a la par de los pasaportes estadounidense, británico, francés, danés, finlandés y noruego.
Dado que es el único de habla hispana, entre otras ventajas, todos los trámites legales son más fáciles de gestionar, permitiendo así un ahorro de costes y tiempo, y estos beneficios sumados a la pertenencia a la Comunidad Europea y al acceso sin necesidad de visado a 156 naciones, hacen del pasaporte español un pasillo al mundo con alfombra roja.
Cabe destacar que España cuenta con una gran cantidad de beneficios para sus ciudadanos, muchos de estos se desprenden de la pertenencia a la Comunidad Europea, que garantiza la posibilidad de circular, residir y trabajar libremente en cualquiera de los estados que conforman la Unión Europea, así como la protección de embajadas y consulados europeos o el acceso a tarifas especiales para comunitarios en universidades europeas.
Por otro lado, el ciudadano español tiene acceso a uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, añadiendo la posibilidad de reagrupación familiar que permite a familiares extranjeros, no sólo acceder a este beneficio sino también a los anteriores, gracias al estatus de familiar comunitario.
Debido a diferentes convenios que mantiene España con distintos países, el ciudadano español goza de distintos beneficios; un ejemplo de esto es el caso de una persona a quien le interese invertir en Estados Unidos, ya que es muy diferente obtener una visa de inversor como español que hacerlo con otras nacionalidades. La cantidad mínima de inversión puede ser de hasta 500.000 euros, en cambio, para un nacional español la inversión inicial mínima puede ser a partir de 40.000 euros.
¿Qué supone tener doble nacionalidad?
Cuando una persona obtiene una segunda nacionalidad, se genera un doble vínculo jurídico con las naciones de las que ostenta ciudadanía. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas con doble nacionalidad se encuentren sometidas a la legislación de ambas naciones al mismo tiempo, sino que, dependiendo de las circunstancias, se da preferencia a una de las nacionalidades, de forma que exista una base legal principal en la cual apoyarse según sea el caso.
En la mayoría de los convenios de doble nacionalidad se usa como punto de referencia el domicilio, de manera tal que las personas con doble ciudadanía no estarán bajo la jurisdicción de ambos países continuamente sino bajo la del lugar donde se haya fijado su residencia.
Esto será aplicable para asuntos como la protección diplomática, el ejercicio de los derechos civiles y políticos, los derechos de trabajo y de seguridad social y las obligaciones militares, por ejemplo.
La legislación española contempla la doble nacionalidad (evitando de esta manera la pérdida de la nacionalidad original) para aquellos solicitantes de origen sefardí, o aquellos provenientes de estados con los que España ha firmado convenios de doble nacionalidad, de manera que los ciudadanos de estos países no se verán en la obligación de renunciar a su nacionalidad original para disfrutar de los beneficios de la nacionalidad española.
El siguiente es un listado de los países que tienen convenios de doble nacionalidad con España:
Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, El Salvador, Uruguay y Venezuela.
Si desea obtener más información sobre los requisitos para obtener la nacionalidad española por origen sefardí u otras vías, para conocer sus posibilidades de regularización o para tramitar la residencia española, puede contactarnos para aclarar sus dudas y conocer sus posibilidades. 
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