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MILICUA ABOGADOS SCP
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Una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona declara que un mensaje por WhatsApp puede servir como prueba para acreditar la interrupción de la prescripción en una reclamación de una deuda. No obstante, esta premisa no se aplica de forma indiscriminada, sino que dicho mensaje debe suponer un “acto inequívoco de reclamación extrajudicial”. Es decir, sería posible utilizarlo solo si el mensaje expresa de forma clara y nítida la petición de pago o, en su caso, el reconocimiento de lo adeudado.
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El Juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona, en su Sentencia número 207/2018, ha declarado la nulidad por usurario de un préstamo hipotecario suscrito en el año 2014 con una sociedad prestamista no bancaria que estableció a la afectada un interés del 13% TAE.

En el contrato de préstamo suscrito se estableció un interés del 13 % TAE, un plazo de devolución de dos años y una garantía sobre dos viviendas con un valor de tasación de 160.000 euros, una cifra mucho mayor que la cantidad asegurada, todo ello sin efectuar ninguna indagación sobre su capacidad de pago y liquidez. La Sentencia declara la nulidad de dicho contrato y obliga a devolver la cantidad efectivamente entregada, sin intereses, quedando libres de cargas las garantías hipotecarias sobre los inmuebles y paralizando el procedimiento de ejecución hipotecaria.
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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis meses de prisión por un delito contra los sentimientos religiosos impuesta a Jaume Roura Capallera, que interrumpió, junto a otras personas, una misa en la iglesia Sant Pere de Banyoles (Gerona) en 2014 con gritos a favor del aborto "libre y gratuito".

También exhibió una pancarta en el altar con la frase "fuera rosarios de nuestros ovarios" y arrojó pasquines con mensajes similares. La Sala de lo Penal considera acreditado que se extralimitó en el ejercicio de la libertad de expresión y que vulneró el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto.
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De acuerdo con lo establecido en el art. 8 del texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), los empleados públicos se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.

Pues bien, es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin (art. 12 TREBEP). La condición de personal eventual no constituye mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. El personal eventual cuenta con un "nombramiento y cese discrecional por la autoridad que los nombró" y cesa también de "forma automática cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que preste su funciones".
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Una resolución de la Sección 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona, con conocimiento específico en materia de derecho de familia, ha rechazado que un hombre, pareja sentimental del padre biológico, adopte a dos niños nacidos por gestación subrogada de una madre tailandesa.

En su auto tienen en cuenta que no se cumplen los requisitos exigidos para la constitución de la adopción, especialmente porque no consta que la madre gestante tuviera la oportunidad de ser escuchada en un proceso contradictorio “con plenas garantías a sus derechos” y que su renuncia o consentimiento a la adopción se haya hecho con libertad y conocimiento de las consecuencias.
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Una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determina que las carreras universitarias obtenidas a tiempo parcial de forma simultánea deben reconocerse automáticamente en todos los Estados miembros si se cumplen las condiciones mínimas de formación fijadas en el derecho comunitario, como la duración o calidad de los estudios.
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Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo establece que la Administración Pública está obligada a pagar los intereses de las cantidades a las que ha sido condenada desde la fecha en que se notifica la primera sentencia, y no desde que la resolución adquiera firmeza, una vez resueltos los recursos interpuestos o finalizado el plazo fijado para recurrir.

El TS fija un criterio que beneficiará a todos aquellos a quienes la Justicia dé la razón en sus litigios con una entidad pública y en los que haya en juego una reclamación dineraria o una sanción.
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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencia de 27 de septiembre de 2018, inspirado por la doctrina del TJUE, ha cambiado radicalmente su posición concluyendo que, cuando en una actividad lo relevante es la mano de obra y la empresa cesionaria asume una parte relevante del personal de la empresa cedente, aunque venga obligada por el convenio colectivo, se produce una verdadera sucesión de empresas y, por ello, al aplicarse el art. 44 ET, ambas empresas, cedente y cesionaria, responderán solidariamente de las deudas con los trabajadores, no siendo válidas las limitaciones establecidas en el convenio.
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Una sentencia del Juzgado de lo Social nº TRES de Oviedo reconoce el derecho a percibir el 100% de la pensión de jubilación activa, y que es compatible con el mantenimiento del puesto de administrador único de una sociedad, y seguir regentando su negocio, siempre que ésta tenga contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena.
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El 7 de diciembre de 2018 entró en vigor la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD), que actualiza la legislación española de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, además, revisa y amplía las obligaciones digitales de las organizaciones que lleven a cabo algún tipo de tratamiento.
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