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RIOS AÑON ABOGADOS
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EL CÓDIGO PENAL CASTIGARÁ LOS DELITOS PATRIMONIALES EN EL SENO FAMILIAR CUANDO LA VÍCTIMA SEA UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

La reforma del Código Penal que acaba de ser aprobada por el Congreso de los Diputados, y que ahora se encuentra en el Senado, continuando la tramitación parlamentaria, ha modificado la redacción del artículo 268 de este cuerpo legal para castigar los delitos patrimoniales cometidos entre familiares cuando se haya abusado de la situación de la vulnerabilidad de la víctima, considerándose en esta, a las personas con discapacidad.

Hasta ahora, con el Código Penal vigente, los delitos patrimoniales entre familiares quedaban exentos de responsabilidad criminal, salvo que hubiera mediado violencia o intimidación, y solo tenían consecuencias civiles.

Esta regulación legal dejaba desprotegidas a muchas personas con discapacidad o de edad avanzada que sufrían quebrantos patrimoniales y económicos por parte del entorno  familiar que los atendía o cuidaba, sin que hubiera una respuesta penal a esas conductas ilícitas.

Según la nueva redacción de este precepto, no operará esta exención de responsabilidad penal cuando concurra abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad o desvalida.
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NULIDAD DE LA CLÁUSULA SUELO EN LA SUBROGACIÓN DE UN PRÉSTAMO PROMOTOR POR FALTA DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL POR LA ENTIDAD BANCARIA.

Hablamos de la cláusula suelo en la subrogación de un préstamo promotor hipotecario.

¿Qué significa subrogarse en un préstamo promotor?
Es cuando una persona compra una vivienda que tiene constituida una hipoteca por el promotor del edificio o la urbanización.

En estos casos, el comprador, tiene la posibilidad de subrogarse en la hipoteca que hizo el promotor con el Banco o bien cancelarla mediante el pago del precio de la vivienda o constituir otra hipoteca con otro Banco y cancelar la anterior.

Cuando el comprador de la vivienda continúa con la hipoteca que hizo en su día el promotor con el Banco, se conoce como “subrogación en la hipoteca promotor”

También era muy frecuente que la subrogación en el préstamo hipotecario del promotorllevase aparejado, sin saberlo, que el consumidor se estaba subrogando en una cláusula suelo sobre el tipo de interés variable pactado que el promotor había pactado en la hipoteca.
Cuando el consumidor se dio cuenta de que sus intereses de la hipoteca no bajaban pese a que el euribor si lo hacía, comprobó que al haberse subrogado el el préstamo promotor hipotecario, su hipoteca tenía una cláusula suelo.

En estos casos, cuando el consumidor finalmente se ha decidido a demandar al Banco para que anulase la cláusula suelo por falta de transparencia, aquellos alegaban en su defensa que era el promotor quien debió informar al cliente de las condiciones de la Hipoteca, por lo que la cláusula era válida al haberse pactado con el promotor.

Veamos la doctrina de los Tribunales sobre la cláusula suelo en la subrogación de un préstamo promotor

Para ello analizamos la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de fecha 24.11.2017, de la que destacamos lo siguiente:

– En el presente caso, la Audiencia Provincial consideró que las cláusulas controvertidas «superan el control de transparencia en cuanto que redactadas de forma clara y comprensible, fueron o pudieron ser conocidas por el consumidor de forma suficiente antes de adoptar la decisión de suscribir las escrituras». Igualmente añadía la Audiencia Provincial que al haberse subrogado el consumidor en el préstamo al promotor, estaba en sus manos haber pedido al vendedor las condiciones de la hipoteca y haberlas examinado antes de optar por la subrogación del mismo, y que al novar el contrato, es difícil pensar que no tuviera conocimiento de la cláusula suelo.

– Sobre este particular, uno de los argumentos por los que la Audiencia Provincial desestima la demanda es que el prestatario (consumidor) pudo pedir al vendedor las condiciones del préstamo hipotecario a la construcción y haberlas examinado antes de optar por la subrogación del mismo.

Pues bien DICHO CRITERIO HA DE SER REVOCADO:

En PRIMER lugar, debe precisarse que el hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que este se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato. Una parte considerable de las compras de vivienda en construcción o recién construida se financia mediante la subrogación del comprador en el préstamo hipotecario concedido al promotor, con modificación, en su caso, de algunas de sus condiciones. Si se eximiera a la entidad financiera de esa exigencia de suministrar la información necesaria para asegurar la transparencia de las cláusulas que regulan el objeto principal del contrato, se privaría de eficacia la garantía que para el cumplimiento de los fines de la Directiva 93/13/CEE y la legislación nacional que la desarrolla supone el control de transparencia.

En SEGUNDO lugar, la Audiencia Provincial convierte la obligación de información precontractual de los Bancos (información que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado determinante para que las cláusulas puedan superar el control de transparencia) en una obligación del consumidor de procurarse tal información. Esta tesis es contraria a la jurisprudencia de esta sala y del propio TJUE y, de aceptarse, le privaría de toda eficacia, puesto que a la falta de información clara y precisa por parte del predisponente sobre las cláusulas que definen el objeto principal del contrato, determinante de la falta de transparencia, siempre podría oponerse que el adherente pudo conseguir por su cuenta tal información.

– En el presente caso, la sentencia del Juzgado Mercantil declaró (y la Audiencia Provincial no ha modificado esa conclusión) que el Banco no suministró información alguna al prestatario sobre la existencia y trascendencia de la cláusula suelo antes de la firma de las escrituras, la de subrogación y la de novación, por lo que cuando el prestatario adoptó su decisión, no tenía la información que le permitiera valorar la trascendencia de tal cláusula en la economía del contrato, pues la existencia del suelo limitaba significativamente la posibilidad de variación a la baja del tipo de interés.

– El Banco tiene la obligación respecto del consumidor que se subroga en el préstamo promotor de cumplir con la información precontractual, debiendo informar sobre la existencia de ese suelo y su incidencia en el precio del contrato, con claridad y dándole el tratamiento principal que merece.

CONCLUSIÓN:
La cláusula suelo en la subrogación de un préstamo promotor será nula si el Banco no cumplió con el deber de información precontractual con el cliente sobre la existencia de ese suelo y su incidencia en el precio del contrato.

Fuente: undojuridico.info - Cláusula suelo en la subrogación de un préstamo promotor
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UNA FAMILIA NUMEROSA DE SABADELL FRENA LA EJECUCIÓN DE SU HIPOTECA POR LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO

Según un reciente auto del 15 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Sabadell, un matrimonio ha logrado frenar la ejecución de su hipoteca por declararse abusiva la cláusula de vencimiento anticipado. Los representantes legales de la pareja, el bufete de abogados Teva Mont Advocats de Sabadell, han logrado que el juzgado archive el proceso de ejecución hipotecaria.

Llegó un momento en que Javier y Teresa, vecinos de Sabadell (Barcelona) y padres de familia numerosa, no podían enfrentarse a una cuota mensual de 917,29€ para pagar el piso que habían adquirido. Ella estaba en paro y su marido sufrió un despido. De la hipoteca, firmada en 2007, el banco les estaba reclamando ahora un total de 188.154,12€, más los intereses de demora, lo que ha llevado a la familia a oponerse judicialmente a la ejecución hipotecaria. Aunque el texto judicial deniega al comienzo varias de las alegaciones menores de los propietarios de la vivienda, finalmente se detiene en la cláusula de vencimiento anticipado. Los magistrados declaran a ésta abusiva, alegando ‘que con la aplicación de esta cláusula por la entidad acreedora se produce un grave desequilibrio en las obligaciones en detrimento del consumidor'. Por ello, se acuerda el sobreseimiento del caso, anulando la reclamación del BBVA por impago y estimando la oposición a la ejecución hipotecaria.
El 100% de las hipotecas contemplan esta cláusula de vencimiento anticipado, que significa que al mínimo incumplimiento del pago (a falta de sólo tres mensualidades) el banco puede reclamar la totalidad del importe de la hipoteca. En este caso, la firma fue de 208.200€, y el BBVA estaba reclamando el global respecto lo ya abonado hasta ahora por la pareja afectada. Como se ha demostrado en el proceso legal, el sólo hecho de que la hipoteca contenga la mencionada cláusula es razón para no proceder a la ejecución, lo que se puede advertir en la frase ‘todo ello sin necesidad de entrar en el examen de la abusividad del resto de cláusulas esgrimida por la parte ejecutada dado que el procedimiento ha quedado sin efecto"

Así se observa en el auto del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Sabadell, que da la razón al consumidor haciendo constar que ‘esa desproporción que se introduce en la relación entre las partes es de tal calibre que no cabe sino concluir declarando su carácter abusivo'.

http://riosanonabogados.es/derecho1.html
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UNA JUEZA CONDENA AL INSS POR PERJUDICAR A UNA ENFERMA DE CÁNCER DE MAMA

• Incluye la sentencia
Una afectada de cáncer de mama recupera, por orden judicial, su pensión por incapacidad permanente, después de que una sentencia le diese la razón. Se desestima así la actuación de la Seguridad Social de rebajarle el grado obtenido. El INSS consideraba que la mujer podía realizar trabajos concretos pese al cáncer de mama y las secuelas que le había producido, aunque los informes aportados por el centro médico jurídico Tribunal Médico han demostrado su incapacidad.

Tribunal Médico

La demandante, B.M.S. , de 48 años de edad y limpiadora de profesión, tenía concedida desde 2014 una pensión por incapacidad permanente absoluta. Un año después, en una revisión rutinaria, la Seguridad Social rebajó esta prestación hasta incapacidad permanente total. Con esta modificación, la afectada veía disminuida su prestación y se le consideraba apta para ejercer otro tipo de trabajos distintos al de limpiadora. Según informa el centro médico-jurídico Tribunal Médico, que ha llevado el caso de la trabajadora, el juzgado de lo social n.º 19 de Barcelona ha declarado nula esta decisión, condenando al INSS a restablecer a B. M. S. la incapacidad permanente absoluta, que conlleva una cuantía mayor a la incapacidad total y que la protege por no poder desarrollar ningún tipo de actividad laboral debido a sus dolencias.
La mujer había sufrido una neoplasia, cáncer de mama en el busto derecho el cual se le tuvo que extirpar además de tener lesiones graves en el hombro tras el tratamiento de quimioterapia y radioterapia (que requirieron también una intervención). A su vez, se le detectó riesgo de cáncer de endometrio, en el útero. A todo ello se unía un trastorno adaptativo por estrés. No obstante, la Seguridad Social argumentó en la revisión de su situación que sólo existía una "breve limitación" por las lesiones en el hombro, que el proceso oncológico estaba bajo control, y que el trastorno psicológico no tenía "limitación psicofuncional incapacitante". Debido a esta mejoría que consideró el INSS, a B. M. S. se le retiró su prestación, ante lo que la mujer reclamó vía administrativa sin éxito.
Ahora se ha enfrentado a la Seguridad Social ante los tribunales, y el centro Tribunal Médico ha demostrado mediante informes médicos que no ha habido ninguna mejoría sino un empeoramiento de la salud. Así lo recoge la sentencia, que afirma "persiste el riesgo de recaída de la patología neoplásica y no han mejorado las secuelas físicas ni psicológicas derivadas de la misma". Además, la magistrada hace constar que a este cuadro de lesiones se han unido otras, que se suman también a la enfermedad padecida en el hombro y al trastorno adaptativo. La limpiadora padece, además, linfedema por hinchazón del brazo en la zona que tuvo la mastectomía o extirpación de la mama derecha, pólipos de colon que causaron también la extirpación del mismo, asma bronquial, lumbalgia, migrañas, y desniveles agudos del colesterol y los triglicéridos. De esta manera, la ley mantiene el derecho de la trabajadora a cobrar una prestación del 100% de su base reguladora de 947 euros, además con efectos retroactivos desde 2015.
Los profesionales de Tribunal Médico aseguran que "la incapacidad permanente absoluta se le concedió principalmente por la misma razón que después de la denegaron: el cáncer de mama", en lo que la jueza ha estado de acuerdo. Ésta, finalmente, concluye en la sentencia que, cuando el INSS realizó la revisión, ya los informes aportados entonces ponían de relieve "que la demandante no había recuperado funcionalidad suficiente para llevar a cabo actividades laborales".

http://riosanonabogados.es/

RIOS & AÑON ABOGADOS
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riosanonabogados.es
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La alcoholemia:
¿Delito penal o infracción administrativa?

La conducción con un nivel de alcohol en la sangre superior al permitido puede ser sancionada con una infracción administrativa o tratarse como un delito penal, por lo que relatamos los dos supuestos distintos:

A) En vía administrativa:

Cuando un conductor ha ingerido alcohol en pocas cantidades y al realizar la prueba supera la tasa permitida que dispone la Ley de Seguridad Vial, es decir de 0,50 mg/l en aire espirado, (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0.30 mg/l), será sancionado con multa de hasta 1.000 euros y la retirada de hasta 6 puntos.


B) En vía penal:

Cuando un conductor ha ingerido alcohol o se aprecian síntomas, el Código Penal recoge este supuesto como tipo delictivo y en concreto el artículo 379 castiga al "que condujera un vehículo a motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y en cualquier caso privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años".

En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0.60 mg/l o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1.2 gramos por litro.

Resultado: los Agentes pasaran las actuaciones al Juzgado y al conductor le citarán para un juicio rápido, en el cual si el acusado acepta los hechos la condena se le reduce en un tercio, luego la pena mínima en retirada de carné, sería de 8 meses y un día.
Derechos: nombrar a un abogado para la celebración del juicio, en el se ponderarán todos los medios de prueba obrantes en autos, o posibilidad de aceptar los hechos y aceptar la pena en un juicio rápido.


http://riosanonabogados.es/derecho4.html
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INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL DE LAS TRASMISIONES SIN INCREMENTO DE VALOR

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid ha planteado una nueva cuestión de inconstitucionalidad sobre el cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante, indistintamente, Plusvalía Municipal o IIVTNU), tal como ya lo hicieron el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de San Sebastián y el nº 1 de Vitoria-Gasteiz.

Es por todos conocida la controversia sobre la Plusvalía Municipal que, especialmente a raíz de la crisis económica y de la bajada del precio de los terrenos, ha generado una serie de pronunciamientos, tanto doctrinales como jurisprudenciales, en contra de la aplicación del IIVTNU en las transmisiones de terrenos que no generan incremento de valor.

Dichos pronunciamientos discutían la contradicción entre el hecho imponible del impuesto (artículo 104 LHL) y el método de cálculo objetivo de la base imponible (artículo 107 LHL), pues a pesar de que el hecho imponible está definido como el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, el método de cálculo parte de los valores catastrales provocando que el impuesto sea exigido en todas las transmisiones, con independencia de que se haya generado incremento real de valor o no.
La mayoría de las resoluciones emitidas en este sentido, dan la razón al contribuyente, entendiendo que si se demuestra que no hay incremento de valor en una transmisión, no concurre el hecho imponible del IIVTNU y por lo tanto no procede la liquidación del impuesto.
Aun así, estas resoluciones solo tienen efectos "inter-partes" estimando o desestimando cada reclamación en concreto, en función de la pérdida de valor que el contribuyente pueda demostrar, pero no pueden modificar el método de cálculo establecido en la Ley de Haciendas Locales, y es en este contexto que el Juzgado Contencioso-Administrativo de San Sebastián decidió plantear la primera de las cuestiones de inconstitucionalidad en contra de dicha norma.

Los tres procedimientos que ahora el Tribunal Constitucional tiene por resolver plantean la inconstitucionalidad de los artículos 107 y 104 de la Ley de Haciendas Locales, por entender que vulneran el principio constitucional de capacidad económica y la tutela judicial efectiva, recogidos en los artículos 31 y 24 de la Constitución, respectivamente.
El principio de capacidad económica se entiende vulnerado cuando el incremento de valor que pretende gravarse es el resultado de la aplicación objetiva y sistematizada del método de cálculo de la base imponible. Es decir, cuando se someten a gravamen transmisiones a pesar de que de ellas resulte una pérdida de valor. Por otro lado, se plantea al alto tribunal la vulneración del principio de tutela judicial efectiva, puesto que la normativa no permite que el contribuyente pueda demostrar que el terreno transmitido ha perdido valor durante los años que ha estado en su propiedad, por cuanto la ley no prevé la posibilidad de que la transmisión genere una minusvalía.
Veremos cómo resuelve el Tribunal Constitucional las cuestiones planteadas en base a dichos argumentos, pero mientras tanto, y sin ánimo de contradecir los argumentos ya planteados, vale la pena recordar otra tesis en contra de la aplicación de la Plusvalía Municipal, que se ha ido desarrollando durante los últimos años, y que ha sido defendida en distintos trabajos y artículos doctrinales: la concurrencia de doble imposición.

El fundamento teórico de la Plusvalía Municipal es gravar el incremento de valor que ha sufrido un inmueble mientras ha estado en manos de un contribuyente, y eso es también lo que gravan el IRPF y el IS (dependiendo de cuál sea el sujeto pasivo), cuando se transmite un inmueble. Dichos impuestos gravan el beneficio obtenido con la trasmisión, que no es otra cosa que gravar el incremento de valor, tal como hace el IIVTNU.

Es decir, cuando un contribuyente obtiene un beneficio por la transmisión de un inmueble puede encontrarse con una doble imposición sobre el mismo objeto imponible: (i) por un lado el gravamen del IRPF o del IS, y (ii) por otro la Plusvalía Municipal. No obstante, la capacidad económica que debería justificar ambos gravámenes es la misma, una única renta que se ha generado con la trasmisión de un inmueble. Así las cosas, en base a dicho argumento se podría llegar a cuestionar la vulneración del principio constitucional de capacidad económica y de no confiscatoriedad.
Así pues, de momento tendremos que esperar a ver qué criterio toma finalmente el Tribunal Constitucional y a la luz de actuar.

Fuente: Berta García

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