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Detectives privados Barcelona Cámaras ocultas y sistemas de geolocalización: legales para probar un delito
La tecnología está dotando a las empresas de nuevas herramientas para vigilar la labor de sus empleados y, actualmente, tanto la justicia como la legislación, consienten ya su uso siempre que sea a modo de valor probatorio de un acto constitutivo de delito o falta disciplinaria. Detectives Barcelona Mc Utiliza la mejor tecnología y tácticas de investigación
El Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, que adaptará nuestro ordenamiento a los nuevos estándares del reglamento europeo, avala la utilización de cámaras ocultas como herramientas probatorias de actos delictivos. La clave de la validez de estas pruebas se centrará más en la proporcionalidad de los medios empleados que en el consentimiento del trabajador, aseguran desde la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP). Para que el control empresarial sea lícito se requiere que la medida adoptada sea idónea, necesaria, equilibrada y justificada, esto es, basada en unos motivos objetivos que estén cuestionando el cumplimiento laboral de un trabajador. En todo caso, la ley no puede amparar delitos bajo el resguardo de la privacidad.
En este sentido, las pruebas obtenidas por profesionales como los detectives privados a través de cámaras de videovigilancia, sistemas de geolocalización o registro biométrico y rastreos de correos electrónicos, tendrán todo el fundamento legal para despedir al empleado que ha traspasado los límites. En estos casos, dichos investigadores deberán velar para que, al obtener las pruebas incriminatorias, no se vulneren los derechos fundamentales del trabajador, principalmente a su dignidad, intimidad y al secreto de las comunicaciones, así como a la protección de sus datos personales. No obstante, estos derechos no son absolutos, especialmente cuando se circunscriben al ámbito de la empresa y en el marco de un contrato de trabajo. Si el empresario logra demostrar a través de estas herramientas, que su empleado estaba cometiendo un delito o falta grave incumpliendo con su responsabilidad, la jurisprudencia tiende a dar la razón al empresario, autorizando el despido aunque las pruebas obtenidas hayan invadido la intimidad del trabajador.
Una sentencia de octubre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias avalaba el despido de un comercial del que se demostró, a través del GPS de su Tablet, que no trabajaba toda la jornada y que cobraba dietas cuando en realidad comía en casa. El sistema de geolocalización de su Tablet permitía un continuo seguimiento del empleado, demostrando que no trabajaba por las tardes y que no cumplía las condiciones de su contrato, por lo que pudo ser despedido.
En otro caso de enero de 2017, el Tribunal Supremo admitió el sistema de videvigilancia de una empresa como prueba para despedir a un empleado del que se demostró que manipulaba tickets y hurtaba dinero. Resulta de especial interés saber que el vídeo aportado fue denegado en la instancia, por no haberse informado a los empleados de la posibilidad de usar las reproducciones en supuestos disciplinarios. Sin embargo, posteriormente, el TS estimó el recurso de casación interpuesto por la empresa y anuló sentencia del TSJ Cataluña, declarando que debía entrarse a valorar la prueba de videovigilancia aportada para justificar el despido disciplinario de un trabajador.

Es decir, el Tribunal Supremo ha unificado doctrina sobre la aceptación como medio de prueba la grabación de imágenes por cámaras de vídeo-vigilancia sin el aviso previo al empleado y obliga a un juzgado de lo Social a admitirlas y volver a emitir sentencia sobre un despido desestimado inicialmente.
La nueva normativa sobre privacidad, que se implanta a partir del próximo 25 de mayo, busca una protección mucho mayor de la intimidad y datos personales de los ciudadanos. En consecuencia, las empresas deberán ser más transparentes, se considerarán datos personales, por ejemplo, informaciones como la dirección IP de una persona, o las cookies. Se puede exigir que los navegadores de Internet informen, en el momento de la instalación, si los usuarios quieren o no que se almacenen las cookies relacionadas con sus búsquedas, y de igual manera si se desea o no almacenar el historial de navegación. Pero del mismo modo, y siempre que el tratamiento de datos haya sido proporcional, justificado y no excesivo, se autoriza a las empresas a hacer uso de la tecnología para actos disciplinarios relacionados con sus empleados, una tecnología que tendrá carácter probatorio en juicio.

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